Política Crece ofensiva contra los gremios con más controles y auditorías a sus cuentas  El Ejecutivo pidió que las obras sociales informen sobre los beneficiarios que reciben los subsidios del SUMA. También revisarán los libros de unos 50 sindicatos.
La tensión en la relación entre la administración de Mauricio Macri y el sindicalismo enrolado en la CGT sigue escalando en plena temporada de arranque de las negociaciones salariales. Así, a menos de una semana del fuerte desafío que el ala combativa de la central obrera, con Hugo Moyano a la cabeza, lanzó contra el Gobierno, la réplica oficial llegó ayer con una nueva embestida, y por partida doble, contra las cajas que administran los dirigentes gremiales.
Por una parte, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso la implementación de mayores controles sobre los padrones de afiliados a las obras sociales que son beneficiarios del denominado Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que busca complementar la financiación de las prestadoras médicas sindicales. La medida establece que de ahora en más el subsidio será distribuido por la AFIP pero solo a aquellas obras sociales que informen previamente a la Superintendencia de Servicios de Salud el padrón de beneficiarios, necesario para determinar el monto de las transferencias correspondientes al SUMA. Al respecto, del el Ejecutivo se fundamentó la resolución en el hecho de que se "han evidenciado variaciones en el sistema de distribución automática" tanto en lo relativo al SUMA como al denominado SUMA 70, subsidio que reciben las prestadoras sindicales por la atención médica de mayores de 70 años.
La medida oficial fue cuestionada en algunos sectores gremiales, donde la enmarcaron en parte de la ofensiva de la Casa Rosada en su contra. "Es parte de la campaña antisindical", reprochó un dirigente. En cambio, desde otro sector de la CGT evaluaron que la resolución "no está tan mal" porque blanquea algunas discrecionalidades en la distribución de los subsidios. "Como no había demasiados controles, todos estaban cobrando pero algunos no daban ningún tipo de prestación", advirtió otro sindicalista.
En paralelo a la polémica por esa resolución y las versiones de que el Gobierno podría disponer en el corto plazo la eliminación del SUMA, lo que implicaría un recorte de fondos de $ 1000 millones para las obras sociales, en el Ministerio de Trabajo avanzan con la decisión de poner en marcha un mecanismo de auditorías sorpresa de las cuentas, propiedades y libros contables de sindicatos y obras sociales. El plan, que sería coordinado por la Dirección de Asociaciones Sindicales que encabeza Karina Palacios, involucrará en una primera etapa a medio centenar de gremios y sus prestadoras de salud, confirmaron fuentes de la cartera laboral a este diario.
La decisión de llevar adelante esas auditorías trascendió en momentos en que varios sindicatos son objeto de investigaciones por diversas irregularidades. La Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, llevan adelante dos investigaciones que involucran a varios gremios por la emisión de facturas falsas, que habrían posibilitado la evasión por parte de miles de contribuyentes, lo que motivó la investigación a partir de una denuncia de la AFIP.
En el marco de esa causa numerosos operativos fueron realizados en gremios como sindicato de Obreros de Estados de Servicio (Soesgype); la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y el Sindicato de Choferes de Camiones, entre otros.
Fuente: El Cronista
Martes, 23 de enero de 2018
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