Nacionales San Miguel del Monte, el pueblo que llora a cuatro de sus hijos y se rebeló ante la impunidad  "Esto es consecuencia de que un pueblo se levantó y aportó material probatorio. Si no hubiese sucedido, este hecho hubiese quedado impune como tantos otros", consideró Lucas Richmond, el abogado de los familiares de dos de las víctimas. La historia de una comunidad que se negó a ser cómplice de la injusticia "Acá te roban una bicicleta y sabés quién la tiene", certificó César, con el talante de que las cosas no se dicen, se aseguran. Su incredulidad se vistió de indignación: no entiende cómo un móvil policial puede dispararle a un auto en el que viajan cuatro chicos de 13 y 14 años. No lo acepta, no lo tolera. Está en el lugar donde ocurrió el hecho, trabaja en las inmediaciones. Hace marcas en el piso, señala, es ampuloso. Tiene sus versiones y las expone: asevera que intentaron coimear al conductor del camión con 90 mil pesos para que atestigüe conforme el relato de los policías, afirma que en apenas una hora y media habían limpiado toda la escena para no dejar rastros. Dice poseer videos y audios incriminatorios. César es una voz más en una comunidad convulsionada: cada uno tiene su hipótesis, su teoría, su video, su audio de whatsapp.
San Miguel del Monte asimila su tragedia: le sangra, le duele. Es como una mutilación. Llora la pérdida de cuatro de sus hijos, reza por un milagro y confirma sus más crueles estigmas: la corrupción mata. Las contradicciones de la cúpula policial, las mentiras vertidas en el acta, las extorsiones, la impunidad estructural del órgano de seguridad quedó al descubierto. Hubo disparos, hubo un impacto de bala en una de las víctimas, hubo persecución, no hubo un accidente de tránsito, hubo intento de encubrimiento a diferentes escalas jerárquicas de la fuerza. Las muertes de Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22), más la esperanza por Rocío Guagliarello (13), desnudaron la más temida de las sospechas: la inmoralidad y la imprudencia de los que portan armas reglamentarias.
Una manifestación convocó ayer a más de 500 personas enfrente de la Municipalidad, que lució la bandera argentina a media asta en el segundo día de duelo de los tres que dictaron las autoridades. La concentración duró varias horas, desde las dos de la tarde hasta entrada la noche. Asistieron familiares, amigos, conocidos, chicos del club, de la plaza, del colegio, adultos, jóvenes, niños. Llevaron banderas, pancartas, afiches y un homogéneo pedido de justicia y verdad.
No fue un alzamiento, ni una sublevación, ni una rebelión. Fue una sentencia, una jura de posición, una interpelación a los ojos del poder: "En ustedes no creemos más". Y un levantamiento. Lucas Richmond, abogado de los familiares de Gonzalo y Camila, celebró ayer las detenciones de los policías imputados con una valoración: "Esto es consecuencia de que un pueblo se levantó y aportó material probatorio. Si no se hubiese levantado y si no estaría acá, probablemente este hecho hubiese quedado impune como tantos otros".
"Queremos explicaciones", "Queremos justicia", "No eran delincuentes. No a la corrupción", "Háganse cargo, cobardes", "Que no se quede mi pueblo dormido", fueron las frases escritas más destacadas. Los mensajes más poderosos fueron gritados. Al unísono, exclamaron "yo sabía que a los chicos los mató la policía". En ese momento, Susana, la mamá de Gonzalo, repetía ante los medios que lo que pasó había sido una masacre. "Ya no tengo miedo -dijo, entre valiente y derrumbada-. Sé que no debo, pero me gustaría lo peor para esos policías, hacer justicia con estas manos y matarlos, pero no puedo, tengo que dejar que la justicia actúe. ¿Qué sensación puedo sentir yo como mamá? ¿Qué voy a querer para esos dos? Que se mueran. ¿Qué me explique Dios cómo hago? Si a mí me los mataron, si hicieron una masacre con criaturas de 13 años. Que se mueran, para qué los quiero en esta tierra".
La calle profesora Laura Giagnacovo separa la Plaza Alsina de la Municipalidad. Está cortada al tránsito con una cinta perimetral. "Nunca vi tantos efectivos de uniforme en el pueblo. Hay más policía que gente", entendió Carlos, un remisero que escapó de Berazategui hace diez años por la inseguridad. La casa institucional de Monte estaba cercada. La comisaría también. Temían que ocurriera una poblada o una manifestación con arrojos de agresividad como en la marcha del martes en el que la oficial Noemí Ester Baigorria, quien trabaja en la comisaría 1° de Lobos, recibió un golpe en la cabeza producto presumiblemente de una piedra, en medio de la protesta de vecinos.
La plaza era un caldo de cultivo. Los adultos que coordinaron la movilización temieron y atenuaron de raíz la insurgencia de un grupo de jóvenes que pensó en fomentar un enfrentamiento. Pero no hubo ni un solo disturbio: había demasiado desazón. Los aplausos se encargaron de interrumpir los silencios. Se montó una colecta para ayudar a la familia Sansone -Danilo tenía nueve hermanos- cuyo único ingreso es la venta de mojarritas en la ruta: se recaudó ropa y alimentos. La multitud enumeró los nombres de las víctimas seguido del grito de "presente", en una expresión teñida de discordia política hubo quienes pidieron "que se vayan todos" y otros alzaron su voz contra la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Por su parte, la intendenta Sandra Mayol recibió agravios a pesar de salir apañada por familiares directos de las víctimas: explicó que a ella también le habían mentido. "Son los hijos de Monte los que se murieron por responsabilidad de la policía. Acá no hay otros culpables que los agentes que mataron a nuestros chicos. Estoy llorando por estos hijos, por mis vecinos. Los policías tienen que estar presos", aseveró.
Bajo un baño de palmas, emprendieron dos vueltas a la manzana alrededor de la plaza. Los niños, los compañeros de colegio, adelante con las banderas más grandes. La foto de los cuatro amigos, repetida y levantada por decenas. Cuando los aplausos menguaron y el clima se aplacó, quedaron los pibes. Los que habían homenajeado a las víctimas con un rap improvisado volvieron a conquistar el centro de la plaza, su "santuario". No organizaron batallas de freestyle, bastaba con estar, con seguir estando, con sus bicicletas, sus pelotas de fútbol y sus skates. Fue un homenaje silencioso, un tributo estoico para las víctimas. "Podíamos estar hasta cinco horas en la plaza rapeando, podíamos ser diez o veinte, pero Gonza y Danilo no faltaban nunca", validó Fénix, un freestyler que en verdad se llama Tomás Menezes.
Enfrente de la plaza, sobre la vereda del edificio municipal, el cordón policial rotaba de efectivos. Aunque en términos individuales no lo sean, eran los responsables del desconsuelo de un pueblo. Rocío Durán, la prima de Danilo Sansone, confesó que ahora le tiene miedo a los policías, que "los que se suponía que te tienen que cuidar, te matan". Lis Magano, la preceptora de la Escuela Media de San Miguel del Monte donde asistían los cuatro chicos, define el caso como un hecho de gatillo fácil: "Acá vienen muchos policías de afuera con una cultura que para un pueblo no va, una cultura del ataque. Ya no se identifican, te disparan directamente. Esto fue gatillo fácil. En ésta se equivocaron feo y les va a costar caro, porque la gente ya no va a confiar en ellos".
"Yo tengo un hijo de quince años y agradezco a Dios que le guste el celular y se la pase encerrado, aunque sé que eso no es vida tampoco. Pero ahora Monte no es seguro, porque quienes nos cuidan, nos matan", expresó la preceptora en línea con el imaginario popular. Recordó un video de Danilo rapeando en la plaza y una de sus frases improvisadas: "Mirá lo que es Monte, mi hermano". "¿Qué es Monte? -se preguntó Magano-. ¿La gente que está luchando para que se haga justicia o el Monte que la política quiere que sea? Porque acá hay responsabilidad de la política, de los supervisores, del Municipio. Acá alguien no hizo bien su trabajo y eso costó cuatro vidas".
El pronunciamiento de un pueblo hizo que el caso adquiriera repercusión nacional. Los aportes probatorios de los vecinos ante la fiscalía, la negación a firmar un acta policial inducida, la presentación de más de 60 testigos condujeron a la resolución de un caso. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, intercedió en la investigación. Dijo: "No fue solamente un accidente. Hay una relación causal inmediata e ineludible; sin los disparos no se hubiera producido la colisión". El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, anunció la virtual decapitación de toda la cúpula policial local: doce policías fueron alejados de sus cargos y al menos siete de ellos quedaron detenidos. No fue aleatoria la intervención de Conte Grand y Ritondo, fue el resultado de una comunidad movilizada.
La radiografía de San Miguel del Monte, el levantamiento de un pueblo que se rebeló ante la injusticia, la impunidad y la corrupción.
Por Milton Del Moral.
Fuente: Infobae.
Viernes, 24 de mayo de 2019
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