Sociedad Violencia institucional contra los Qom: el CELS afirma que “se debe controlar la actuación policial”  Luego de los hechos de violencia policial contra miembros de la comunidad Qom de Fontana, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideraron que se necesitan reformas profundas en las políticas de seguridad provinciales. Entre esos puntos, señaló el déficit en el funcionamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y que el control del accionar policial debe ser externo y no parte de la misma estructura policial.
La Comisaría 3ª de Fontana, foco de las críticas
El CELS señala que “desde el comienzo de la cuarentena se conocieron hechos de violencia policial contra integrantes de las comunidades indigenas, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. El registro de numerosas situaciones abusivas en diversas ciudades de la provincia motivó la presentación de un hábeas corpus por parte del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia que no fue tenido en cuenta por el Supremo Tribunal provincial”.
En ese sentido, advierte que “el tratamiento policial violento y discriminatorio en Chaco no comenzó ahora sino que tiene una larga data”. Recordó que en la publicación Hostigados, de 2016, el organismo de derechos humanos dio cuenta “de la violencia que la policía provincial ejerce sobre integrantes de comunidades indígenas en Resistencia y Fontana. Con el comienzo de la cuarentena esta situación se agudizó”.
Ponderó, no obstante, que “el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, atendió a víctimas, condenó el gravísimo episodio del domingo y por el momento solo suspendió a los efectivos involucrados quienes, por otro lado, no fueron detenidos”. Sin embargo, consideró que “está claro que para modificar estas prácticas de la policía provincial hace falta un abordaje mucho más profundo que implique reformar en serio la institución policial y las políticas de seguridad. Si no se encara esta cuestión central, siempre se estará haciendo, a lo sumo, un control de daños”.
“El primer paso es controlar efectivamente la actuación policial, ya sea desde el ámbito judicial como político. La provincia arrastra déficits en el funcionamiento de la Fiscalía especializada en derechos humanos, que tiene que desarrollar capacidades reales de investigación, y en el órgano de control institucional de la policía, que debe ser una instancia externa a la policía y rendir cuenta de sus acciones”, concluye el documento del CELS.
Fuente: Chaco día por día
Jueves, 4 de junio de 2020
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