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Un episodio de 2009 El fiscal K Javier De Luca pidió revocar una condena contra Milagro Sala  Dice que no se demostró que es la autora intelectual de un ataque al gobernador de Jujuy.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca, miembro de la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima", dictaminó que debe revocarse la condena a la dirigente social Milagro Sala como supuesta instigadora de un ataque al actual gobernador jujeño Gerardo Morales.
Según De Luca, la condena a la líder del grupo K Tupac Amaru se basó en una presunción respecto de que fue la autora intelectual del episodio, registrado en 2009. Y opinó que eso "debió haberse demostrado judicialmente".
El dictamen del fiscal (el mismo que se opuso a desarchivar la denuncia de su colega Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán en el caso AMIA) no es viculante y se conoce poco antes de que delibere en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 28 de diciembre último Sala y otros 2 integrantes de la Tupac Amaru, Graciela López y Gustavo Salvatierra, fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso por daños agravados y resultaron sobreseídos de la acusación por amenazas.
También remarcó De Luca que Sala no estuvo presente en el lugar de los hechos, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy donde Morales y los entonces auditores generales de la Nación, Leandro Despouy y Alejandro Nieva, iban a dar una conferencia.
El local terminó destrozado por los ataques que buscaron impedir la difusión de un informe sobre irregularidades en el financiamiento del plan de viviendas sociales de la agrupación ultra K.
Cuestionó De Luca, además, la verosimilitud y credibilidad de los únicos testigos que le atribuían la instigación a Sala porque supuestamente mintieron con respecto a su ingreso a trabajar en la Gobernación de Jujuy poco antes del comienzo del debate oral.
Sobre uno de ellos, René Arellano, sostuvo que habría mentido al negar que se había comunicado con el abogado de la querella antes de su declaración, lo cual estaba probado por informes. En cuanto a la acusación de amenazas, dictaminó que se encuentra prescripta y solicitó que se declare nula la acusación del gobernador Morales.
De Luca subrayó su desacuerdo con ese género de protestas y admitió que pudieron haberse cometido delitos, pero remarcó que para atribuirlos a individuos es preciso producir pruebas que permitan alcanzar cierto nivel de certeza.
En el juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy la querella había pedido la pena máxima de 8 años de prisión y la fiscalía, 3 años en suspenso.
Fuente: Clarín
Viernes, 28 de abril de 2017
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