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Defensoría del Pueblo Corregido sobre las pensiones: “La política se está olvidando de quienes más debería proteger” Tras su recorrida por el interior de la provincia relevando casos, al finalizar la semana el ombudsman también se reunió en su oficina con representantes aborígenes de la etnia qom, quienes entregaron un petitorio por este tema.
“Se está consumando una gran injusticia con los más pobres y los más vulnerables, que son a quienes la política más debería proteger”, expresó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, sobre la decisión administrativa del gobierno nacional que dio de baja las pensiones por discapacidad.
En la nota firmada por diferentes caciques y representantes de las comunidades del norte de la provincia, los damnificados piden al defensor su intervención. Sobre esto, Corregido ya adelantó que presentará la próxima semana un amparo “para interrumpir esta grave injusticia y detener el maltrato hacia las personas con discapacidad”, remarcó.
El exdiputado Edigio García, representante de los pueblos originarios, se mostró “preocupado y molesto” y señaló: “Los pueblos indígenas no queremos interrumpir la paz pero nos vemos sometidos al abandono que genera la marginación del gobierno nacional”. En esa línea, Leonardo Lorenzo de Fortín Lavalle, también se manifestó preocupado y remarcó que las pensiones “vienen siendo el único recurso económico de la gente discapacitada, en una zona donde no se vive en condiciones dignas”.
Un sistema que margina
En el petitorio entregado por las comunidades criollas y originarias no se hacen distinciones, los pobladores recuerdan que en la zona de El Impenetrable chaqueño no sólo están expuestos a condiciones de infraestructura precarias, sino que ni siquiera cuentan con agua potable o algún otro recurso y para muchos las pensiones no contributivas terminan siendo el único sustento con el cual sobrevivir.
“Disgusta y preocupa estos mecanismos que utilizan para maltratar a quienes más los necesitan, a quienes el sistema margina y expulsa repetidas veces hacia la pobreza más cruel. El cobro de esas pensiones no los aleja de la indigencia, son necesarias más herramientas, pero perder estos beneficios los deja a merced de una desdicha y adversidad que sólo conocen quienes han pasado hambre y abandono durante tantos años”, recordó Corregido.
El defensor sostiene que toda persona que posee una pensión por discapacidad oportunamente ha acreditado la misma y si algún funcionario sospechara de la condición de esa persona, primero debería probar aquella duda en lugar de dar de baja ese ingreso fundamental.
“Es injusto que se pretenda que en forma masiva la gente vuelva a acreditar su condición teniendo en cuenta que los trámites burocráticos para una persona con discapacidad son complicados, sobre todo en lugares como El Impenetrable donde no hay internet y donde los organismos que tienen archivados esos papeles se encuentran a muchos kilómetros de distancia. Estamos hablando de la población más pobre y vulnerable de toda la región”, insistió.
“Me pregunto porqué no piensan mejor en actualizar las pensiones por discapacidad ante la importante devaluación de la moneda e inflación en el país. Con tanta preocupación por el tema, me parece una buena oportunidad para aumentar las pensiones no contributivas y así permitir a las personas con discapacidad que tengan un sustento que les permita vivir dignamente”, concluyó Corregido.
Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo
Sábado, 24 de junio de 2017
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