Ciento treinta y seis piezas arqueológicas de la cultura guaraní de entre 4000 y 6000 años de antigüedad valuadas en 2,3 millones de pesos fueron hurtadas del museo provincial correntino Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA), ubicado en el casco histórico de la ciudad de Corrientes.
La sustracción se produjo en el contexto de una disputa por el uso privado de bienes públicos entre el GIA y la empresa Casinos del Litoral, que busca quedarse con un predio de ese organismo que tiene construcciones históricas de 1865 y un valor inmobiliario de 5 millones de pesos.
Según la denuncia policial presentada por el antropólogo Humberto Miceli, director del GIA, los objetos fueron cargados en un camión el 2 de mayo. Eran urnas funerarias, puntas de flecha en piedra, cestería aborigen y restos óseos con su respectiva documentación.
El robo está siendo investigado por la fiscal Mirta Delfino de Corrali, pero no fue la primera presentación que hizo Miceli. Ya el 25 de febrero había advertido al fiscal de turno, José Buenaventura Duarte, que el patrimonio arqueológico estaba en riesgo. Esto fue horas después de que el personal del GIA encontró el portón de un depósito del museo violentado y a una cuadrilla que trabaja por orden de Casinos del Litoral que había instalado un vallado.
Aquel episodio, que tuvo ribetes violentos por la intervención de guardias de seguridad pagados por la empresa, motivó primero un pedido de informes aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, y luego dos intentos de mediación de la Defensoría del Pueblo correntina.
La diputada por el Frente para la Victoria, Sonia López, autora de del pedido de informes, sostiene que el GIA fue creado por la Ley Provincial 5460/02, mientras que la ambición de ocupar el predio de la empresa se basa en una cesión de uso precario de la Secretaría General de la Gobernación. “Hay una violación concreta de la ley y una usurpación de terrenos del Estado sin la debida habilitación de obra ni ley que lo permita ceder. Sólo tiene una cesión de uso precario de un funcionario que no tiene facultades para concederla”, afirma López.
El predio histórico en disputa está ubicado enfrente de donde funciona una de las salas de la compañía que además explota otros cinco casinos en la provincia. En tanto, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes informó que no autorizó obras en esa manzana. Sin embargo, no hubo clausuras ni intimaciones.




Fuente: Tiempo argentino