El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer hacer lugar a todas las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Jorge Di Lello, en la causa que investiga al vicepresidente Amado Boudou y a su entorno por supuesto enriquecimiento ilícito.
Martes, 3 de julio de 2012
Esa decisión incluye también todas las derivaciones en el expediente que analiza la existencia de delitos en torno al levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone. Lijo convalidó el pedido de información sobre el estado patrimonial, declaraciones juradas y registros de propiedades de Boudou y de otros imputados, entre quienes se encuentra José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, controlante de la imprenta. También habilitó la investigación sobre 13 sociedades anónimas en las que aparecen mencionados los imputados como accionistas. El juez amplió la ronda de declaraciones testimoniales y también solicitará la colaboración del fiscal anti lavado Raúl Pleé, para determinar si existieron maniobras de lavado de dinero en torno a la conformación de la compañía a cargo de Ciccone. A su vez, ordenará a la Casa de la Moneda que informe detalles de contratos y pagos para la impresión de billetes, con el objetivo de saber quiénes son los verdaderos titulares de la firma.