Tras esa acción los trabajadores llevaron a la secretaría de Derechos Humanos, documentación que prueba una deuda millonaria por parte de la emisora con un particular, Reynaldo Defranco Fantín, quien bajo una "causa inventada estuvo detenido durante tres años sin acusación ni debido proceso", según declaró el ex delegado gremial José Carbonelli a Télam.

"Las pruebas comprometen al ex presidente Carlos Menem y al Grupo Clarín, cuando éste le entregó irregularmente el estratégico Canal 13 a ese monopolio mediático, porque ocultaron en los pliegos licitatorios la deuda millonaria que la empresa estatal Proartel/Río de la Plata mantenía con Ladeffa S.A.", detalla el texto.

Tras anunciar la privatización de la emisora "el ex presidente rechazó las órdenes judiciales" presentadas y se desconocieron "impunemente" los derechos que tenía el titular de la empresa, Reynaldo Defranco Fantín, quien fue víctima del terrorismo de estado "lo cual torna imprescriptible el reclamo".

Con la documentación que se presentará quedará probado que un gobierno civil fue cómplice del terrorismo de Estado al no restituir "derechos cercenados por la dictadura militar a la víctima mencionada, para favorecer impunemente al Grupo Clarín".

Carbonelli detalló que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se tomaron recaudos judiciales respecto de la deuda.

Los manifestantes portaban carteles y cantaban "Clarín, TN, que paguen lo que deben".