Después de romper puertas y poner a los menores de edad en el piso, el operativo de la policía porteña dejó a más de 100 personas, en su mayoría niños, en la calle. Todos los inquilinos estuvieron una semana en la puerta del hotel, y protagonizaron el último desalojo violento en lo que va del año. El estupor que provocó semejante operativo desató repudios públicos y decenas de reportajes, pero nada logró revertir la ejecución que firmó la jueza María Fernanda Botana, titular del Juzgado Nº 4 Penal y Contravencional porteño, que estuvo a un paso de enfrentar un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La magistrada zafó del proceso, gracias al apoyo del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, pero su caso desató un inusual pedido del Consejo de la Magistratura para todos los jueces porteños y también para la Legislatura con la finalidad de evitar desalojos violentos.

El "lanzamiento de un desalojo", según admiten los jueces, es una de las medidas más complejas para cualquier magistrado, pero dentro de la justicia porteña, gracias al reclamo de distintos defensores y asesores tutelares, existen dos protocolos especiales de trabajo para aplicar esas órdenes sin utilización de violencia policial cuando hay ancianos, mujeres y niños.




Fuente: Infonews