La Corte Suprema de Justicia suspendió la ejecución de millonarias multas impuestas hace siete años, en la gestión de Roberto Lavagna, a un grupo de empresas cementeras por supuesta "cartelización" entre 1981 y 1999. El tribunal admitió los recursos de queja de las compañías, que habían sido sancionadas por el Ministerio de Economía por infringir la Ley de Defensa de la Competencia. Así, la Corte decidió suspender las multas por casi $ 310 millones hasta que se resuelva si violaron la Ley de Defensa de la Competencia. La historia se remonta a la gestión de Roberto Lavagna al frente de Economía, durante la presidencia de Néstor Kirchner. En julio de 2005, el entonces ministro anunció sanciones por $ 308 millones contra un grupo de empresas cementeras a las que acusaba de haber "pactado acuerdos para mantener precios elevados" y perjudicar a los consumidores. "Es la multa más importante que se aplicó" desde que existe la Comisión de Defensa de la Competencia, advirtió Lavagna. Se trataba una investigación realizada durante cinco años (iniciada por una denuncia periodística) y donde se determinaba que empresas cementeras adoptaron acuerdos para la fijación y suba escalonada de los precios del hormigón, del árido y del mortero, y para el reparto del mercado de esos productos. Así, hubo sanciones millonarias: Loma Negra debía pagar 138,7 millones de pesos; Juan Minetti, 100,1 millones; Cementos Avellaneda, 34,6 millones; Cementos San Martín 28,5 millones, y Petroquímica Comodoro Rivadavia, 6 millones. Y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland fue multada con $ 529.289. Las empresas negaron las acusaciones y apelaron las multas, pero en agosto de 2008, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico ratificó las sanciones. Fue entonces que cada una de las sancionadas apelaron a la Cámara de Casación Penal, donde –a criterio de la Corte– hubo "un trámite irregular". Es que mientras la Sala IV de Casación aceptaba los recursos de cinco de esas empresas, la Sala III desestimaba el planteo de otra empresa. Esa situación derivó en una presentación ante la Corte por parte de esta última afectada, que el tribunal aceptó y agrupó con el resto de las cementeras. Casación suspendió las multas y dispuso que la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico dictara un nuevo fallo orientado a anular las multas, pero el Estado apeló y el tribunal en cuestión no se pronunció, señalando que no era de su competencia. Fue en ese marco que los representantes legales de las empresas manifestaron que "al declarar inadmisibles los recursos de Casación", corrían "el riesgo de que la autoridad administrativa intente ejecutarle las multas por la resolución SCT 124/2005, por lo que solicitan a esta Corte que declare admisible los recursos extraordinarios y ordene suspender dicha ejecución". La Corte suspendió las multas arguyendo "las particularidades que presentó el trámite de la causa por ante los diversos tribunales intervinientes, la importancia económica de las multas impuestas y el hecho de que los argumentos aducidos en el recurso extraordinario pueden involucrar cuestiones de orden federal". Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni le dieron ayer una manito y suspendieron la ejecución de la sentencia dictada el 26 de agosto de 2008 por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico", Con esta resolución el pago de las multas quedó suspendido hasta que se resuelva si, efectivamente, se concretó la "cartelización".




Fuente: Tiempo argentino