El diputado bonaerense del Frente para la Victoria Mario Caputo, quien hasta hace poco tiempo trabajó con el ministro Florencio Randazzo, anticipó ayer que presentará ante su bloque en la Legislatura un proyecto para estatizar el juego en Buenos Aires. Se trata, al fin, de un nuevo elemento en medio de un debate abierto sobre el destino de las ganancias que genera el juego en la provincia. Y es una discusión que se da en un contexto preciso: pocos días atrás, Daniel Scioli extendió en forma automática la licencia de 14 bingos, una medida que le garantizará ingresos extra por 1480 millones de pesos.
"Es necesario crear un nuevo marco normativo que regule en forma integral la explotación de las diferentes modalidades de juegos de azar que existen en la provincia de Buenos Aires", explicó ayer Caputo en varios medios. "Es indispensable poner en revisión todo el sistema para, desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, dotar al Estado provincial de un instrumento legal que le posibilite aprovechar al máximo de sus posibilidades los recursos que se generan por los juegos de azar", añadió. Y destacó que la discusión "no sólo debe focalizarse en si se aplica un aumento al canon que pagan las salas de juego o se le incrementan los impuestos, debemos evaluar también la posibilidad de estatizar el juego".
La ley en la que se encuentra trabajando Caputo plantea que el "Estado provincial se reserva la explotación, regulación, control y administración de los juegos de azar", y prohíbe taxativamente "la privatización, la concesión y la tercerización bajo ninguna modalidad".
"Si el gobierno nacional tomó el control para el Estado de YPF o de las AFJP para mejorar la calidad de vida del conjunto de los argentinos, por qué no podemos plantear que la provincia de Buenos Aires sea la que administre, controle y explote las diferentes modalidades de los juegos de azar", comparó Caputo.
"Más allá del tema de la estatización, es imprescindible poner en la mesa de debate el sistema de otorgamiento de licencias, los cánones que abonan los concesionarios, cómo es el control sobre las máquinas online y el horario de funcionamiento de las salas de Bingos", destacó el diputado del Frente para la Victoria.
Mario Caputo, además, se refirió al contexto político en el cual Daniel Scioli resolvió renovar las licencias. Y sostuvo que un nuevo marco normativo "evitará que cuando el Estado tiene dificultades financieras y necesita recursos salga a pedir dinero fresco de quienes explotan las máquinas tragamonedas y los bingos a cambio de una renovación de las licencias".
Se calcula que sólo las 46 salas de bingos bonaerenses generan utilidades por 4500 millones de pesos anuales (el negocio de todos los juegos de azar multiplica esa cifra por diez). De ese total, el Estado se queda con el 5%, los privados con el 10% y el resto está destinado a premios. Los controles de la recaudación, de todos modos, fueron cuestionados en diversas ocasiones por legisladores y dirigentes de distintas extracciones.
"Esto pone a la provincia en una situación de indefensión a la hora de negociar y por eso nuestro deber como legisladores es el de dotar al Estado de una norma que le permita obtener los recursos que le corresponden para invertir en salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social", concluyó Caputo.
En coincidencia temporal, el gobierno bonaerense publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que autoriza la renovación en la concesión de las 14 salas de bingos instaladas en la provincia, cuyo vencimiento operaba entre 2013 y 2015. Se trata del Decreto 569 que ratifica la Resolución 1078 emitida por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en la que se establece que las renovaciones podrán ser "por un plazo de hasta 15 años y que se computarán a partir de sus respectivos vencimientos".
En los fundamentos del decreto, el gobernador Daniel Scioli sostuvo que los ingresos que se percibirán por las renovaciones harán "posible la sostenibilidad de las finanzas de la provincia y contribuirán de manera certera a respaldar la economía provincial ante las implicancias que para las finanzas de la provincia conlleva la actual crisis internacional".



Fuente: Tiempo Argentino