El mantenimiento y dragado del canal Martín García volvió copar la agenda bilateral de los gobiernos de Cristina Fernández y José "Pepe" Mujica. En Montevideo, la cancillería publicó un informe del Tribunal de Cuentas que responsabiliza a la Argentina por dilatar las obras pendientes y recomienda estudiar el inicio de acciones acerca de posibles irregularidades tendientes a extender el contrato con la firma Riovía SA. Mientras que en Buenos Aires, la Cancillería difundió un informe de la Sindicatura General de la Nación que concluye que la prórroga del contrato con esa firma y el precio del mismo son razonables y estuvieron dentro de los marcos legales vigentes (algo que el informe uruguayo también admite). Además, el ministro Héctor Timerman difundió anoche un comunicado donde defendió la actuación argentina en las tratativas y criticó el trato que le dio ayer por la tarde la prensa argentina a la noticia.
En mayo de este año, el embajador itinerante Julio Baráibar, hombre de confianza de Mujica, renunció tras denunciar un presunto "intento de soborno" de parte de la Argentina durante las negociaciones para el dragado del canal binacional Martín García, pero el presidente uruguayo no aceptó la dimisión. La denuncia, finalmente, provocó que la Argentina le solicitara una auditoría a la SIGEN sobre el tema y que Uruguay hiciera lo mismo con el Tribunal de Cuentas. Ambos, en estas horas, dieron a conocer sus conclusiones que, en muchos casos, fueron similares. Con la salvedad de que el órgano montevideano criticó la lentitud argentina y, tras analizar información "confidencial", recomendó que la Cancillería uruguaya evalúe si corresponde tomar acciones legales en torno a "la regularidad" de los procedimientos.
El comunicado de prensa de la Cancillería argentina defendió la "supuesta demora" argentina porque esta, en todo caso, "resultó en un ahorro de 2.850.000 de dólares" en el contrato. El parte recordó que el canciller Luis Almagro y el mismo embajador Francisco Bustillo desmintieron las versiones sobre "los supuestos hechos de corrupción". También que el concurso de precios para la profundización del canal está en marcha. Y, en un último párrafo, sostiene que "llama la atención que los auditores uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación". Y, acto seguido, dice que "la posición argentina es que las develen lo antes posible a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo".




Fuente: Tiempo argentino