El juez federal Claudio Bonadío resolvió agrupar a las querellas en el marco de la investigación por la tragedia de Once, donde un tren de la empresa TBA chocó al llegar a la terminal y provocó la muerte de 51 personas, el 22 de febrero de este año.

Tal como lo anticipó Ámbito Financiero en su edición del lunes, el magistrado no unificará las querellas y de esta forma dio lugar al pedido de los abogados que representan a las víctimas.

Uno de los grupos estará representado por el abogado Gregorio Dalbon; otro con aquellos que cuentan con estrategias procesales distintas a las de este abogado; otro que no acusan al conductor de la formación siniestrada imputado en el caso; y la querella instaurada por María Luján Rey y Paolo Fabián Menghini.

Bonadío justificó su resolución en que "por un lado impedirá que el imputado se encuentre en una innegable situación de desventaja respecto de una más que considerable cantidad de sujetos procesales con facultades autónomas; y por otro lado, contribuirá al mantenimiento del orden en el proceso, primando la economía procesal".

A ello sumó una mayor facilidad en "el trámite de las actuaciones, teniendo por norte una mejor y más pronta administración de justicia", indicó.

Más allá que el juez tuvo en cuenta que todas las víctimas tienen "interés de perseguir penalmente a los autores y partícipes de ese hecho", recalcó que "existen otras cuestiones a considerar al momento de evaluar la concurrencia de esa comunidad de intereses" como lo son "los puntos de vista y las estrategias procesales disímiles de los querellantes, al igual que la compatibilidad entre los mismos".

"Sin perjuicio, se hace saber que para el caso de que algún acusador particular no comparta un criterio con quien encabece la personería de la que forme parte, podrá dejar a salvo su postura. Ello, en pos de la salvaguarda del derecho de defensa del que también son acreedores los querellantes", aclaró.

En la causa también están imputados los exsecretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y los empresarios de TBA, empresa a la que el Gobierno le quitó la concesión del ramal Sarmiento y Mitre tras el accidente.

Por lo pronto, el juez tiene pendiente resolver la situación procesal de todos ellos luego de tomar gran cantidad de indagatorias previo a la feria judicial que concluye este viernes.

El magistrado estableció cuatro grupos por identidad de intereses. Se trata de la investigación por el hecho ocurrido en febrero último, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara en esa estación terminal. La resolución fue firmada el pasado lunes


Feunte: Ambito.com