El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue denunciado por cometer el año pasado 7089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura (duchas o manguerazos con agua fría, bastonazos en plantas de los pies, aislamiento absoluto durante meses, golpes en todo el cuerpo) y distintos apremios y vejaciones, como falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, y abuso contra mujeres y minorías sexuales.
Casi la mitad de esas situaciones se registraron en las Unidades Penales 1, 2, 9, 15, 17 y 28, que como en el resto del escenario provincial, soportan una superpoblación carcelaria que supera el 50 por ciento. De los 28 mil detenidos que la provincia deposita en sus 60 unidades, el 62% registra prisión preventiva. Es decir, personas aún sin condena.
Los datos corresponden a un informe de más de 300 páginas elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que hoy será dado a conocer públicamente, y que Tiempo Argentino adelanta en forma exclusiva. La actividad se llevará a cabo a partir de las 15 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, en La Plata. Y se espera la presencia del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, que recibirá el trabajo de manos de los presidentes de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón.
El informe exige "desmilitarizar" el funcionamiento del SPB, y crear mecanismos independientes de control para la prevención de la tortura, como establece el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Para la iniciativa, el proyecto nacional propuesto por 23 organizaciones de la sociedad civil cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero si Senadores no lo trata, podría perder estado parlamentario.
Los detenidos fallecidos durante el año pasado fueron 126, por distintas causas. Y 5164 padecieron lesiones por hechos de represión a cargo de personal policial.
EL MAPA DE LA TORTURA. Una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico es el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, implementado por la CPM junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. A manera de muestra, el sondeo recogió testimonios de 235 víctimas de golpizas, asfixia por submarino, puntazos, cortes, golpes y uso de picana eléctrica. Según los integrantes de la comisión, de ese total de 235, 196 de ellos fueron aislados sin razón válida "durante las 24 horas en celdas de escasas dimensiones, sin agua caliente ni elementos suficientes para desarrollar tareas elementales de supervivencia". Y 85 pasaron en promedio por once cárceles distintas, con lo cual manifestaron "haber sufrido riesgo de vida por los traslados constantes". Todos soportaron hacinamiento, falta de agua y colchones, mala alimentación y ausencia de sanitarios.
En cuanto a la superpoblación, la CPM afirma que "ascendería a 56% si se suman las personas que aún están detenidas en comisarías", lo que determina que "faltan 10.420 plazas". Pero aclara: "Creemos que la solución no pasa por la construcción de más cárceles sino por modificar radicalmente el paradigma punitivo, con la consecuente transformación de a quiénes se persigue y por qué delitos se castiga."
En un "sistema carcelario diseñado, pensado, desarrollado y controlado por y para hombres únicamente", las 1205 mujeres detenidas en la provincia son víctimas de acosos permanentes por parte del personal carcelario. No hay controles de VIH, seguimiento a embarazadas, cuidado para aquellas que están detenidas junto a sus hijos, ni implementación de planes sanitarios oficiales.
Algo parecido sucede con las personas trans: "No pueden vestir con la vestimenta que las identifique, no tienen posibilidad de acceder a visitas íntimas con sus parejas, no pueden acceder a la escuela con la vestimenta que deseen, tienen dificultades para el ingreso de tintura para el pelo, ropa femenina, maquillaje, etcétera. Este requisito necesario de audiencia con el jefe del penal para solicitar cualquier cuestión personal –ya sea elementos de higiene o visitas– las expone constantemente a situaciones de abuso de poder, donde muchas veces son forzadas a realizar 'favores sexuales' a cualquier miembro del SPB."

TRABAJO ESCLAVO Y MUERTES ANUNCIADAS. En la mayoría de las celdas de la provincia, donde debería haber una persona, hay dos. La letrina se encuentra dentro del cubículo, sin separación. Y a eso se suma el cablerío eléctrico suelto por las paredes, la falta de calefacción, restricciones en el acceso al agua potable (limitada a ciertos horarios en el día), y prohibición en muchas unidades a salir al patio general los sábados y domingos.
La provincia destina al sistema penitenciario 6809 pesos mensuales por cada persona detenida. Con este monto debe brindar seguridad (gastos de personal), alimentación, medicamentos, elementos de higiene y limpieza a los 28 mil detenidos alojados en los 60 establecimientos penitenciarios del territorio. La comisión explica que "cerca del 82% se utiliza para pago de salarios y mantenimiento", y un 18% se gira para comida, limpieza y medicamentos. "Gran parte de estas partidas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y malos tratos o torturas que padecen los detenidos."
Algunos de los reclusos "trabajan" dentro de las unidades. El salario diario, según un extraño escalafón impuesto por el Ministerio de Seguridad, establece un jornal de $ 1,24 para el peón, $ 1,42 para el medio oficial y $ 1,61 para el oficial.
El castigo físico, las torturas, la alimentación denigrante y la falta de cuidado sanitario que soportan esos casi 30 mil detenidos en la provincia pasó en los últimos meses a ser materia de análisis fuera del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia de seguimiento durante el 141° período ordinario de sesiones, titulada "Situación de las personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires, Argentina". Y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas decidió incluir al territorio bonaerense en su calendario de visitas para este año, a partir de distintas advertencias.
Algunos de los detenidos que denunciaron torturas aparecieron más tarde muertos o "suicidados" dentro de sus celdas, sin que eso derivara en una investigación posterior. De los 54 fallecimientos ocurridos en el Departamento Judicial de La Plata, solamente se iniciaron causas vinculadas a 34 de ellos. Durante 2010, los fiscales platenses no investigaron un 25% de las muertes ocurridas en las unidades penitenciarias, y en 2011 se incrementó ese porcentaje a un 37 por ciento.
Para los presos, denunciar las torturas que reciben es un problema en sí mismo, por varios factores:
–Su aislamiento hace que no tengan acceso a una llamada telefónica.
–No son atendidos por juzgados o defensorías.
–No tienen información acerca de jueces ni defensores.
–Saben de antemano que las autoridades dirán que lo que manifiestan es mentira.
–No se mueven por la llamada "economía del acceso": ante las casi nulas oportunidades de manifestarse, prefieren advertir sobre hechos que consideran "más importantes" que un golpe, como la atención frente a una enfermedad, o el pedido de más comida.
El informe, además, incluye testimonios de reclusos que plasman el trabajo de los torturadores: "Tengo una herida en la cabeza de cuatro centímetros; me rompieron dos dedos y la muñeca"; "Tengo moretones, excoriaciones en la espalda, en la costilla izquierda, en ambas piernas y brazos, me quedaron los oídos tapados, no escucho bien"; "El encargado llamó a la guardia armada y llegaron dos a los disparos. Luego se juntaron unos 15 guardias y me golpearon con piñas y patadas por todo el cuerpo, me dan una patada en la cara y me llevan a sanidad"; "Me meten en buzones, me sacan al pasillo y me golpean entre cinco, con patadas y piñas, me agarraron de los testículos. Estaba tirado en el piso y me tenían los brazos. Me meten en buzones desnudo y sin colchón hasta el otro día. A la noche entraron tres oficiales y me hicieron duchar con agua fría."

"CEGUERA JUDICIAL". "Una mención especial merece la ceguera judicial frente a los distintos tipos de violencia física que despliega el SPB sobre los detenidos", sostiene la Comisión. Y como ejemplo menciona lo ocurrido en la UP30 de General Alvear, contra la que el Comité Contra la Tortura (CCT) presentó 45 acciones por golpes de policías a varios internos, disparos con bala de goma y aplicación de gas lacrimógeno. La investigación fue archivada.
Otra de las señaladas fue la UP2 de Sierra Chica. El CCT interpuso 224 acciones judiciales, en las cuales se denunció un total de 829 hechos: 111 por problemas de infraestructura, 89 por problemas de alimentación, 58 por aislamiento, 29 por traslados continuos, 57 por problemas de acceso a educación, y 42 por problemas de acceso al trabajo, entre otras irregularidades. Al igual que en General Alvear, los uniformados fueron acusados por utilizar gas pimienta, golpear y castigar a reclusos, no entregar comida, robar pertenencias, disparar con balas de goma y diversas prácticas de tortura, "las cuales tampoco fueron registradas por la mirada judicial".
Para la comisión, otra de las razones por las que nadie investiga nada son los eufemismos utilizados por los funcionarios judiciales en sus visitas a los penales. Como "llamar 'escritorio' a aquello que entendemos como una precaria mesa de hormigón, 'habitación' a una celda, o 'comida' a un caldo con huesos."
Con respecto a las denuncias por nula o pésima atención sanitaria, a los médicos que se animaron a presentar quejas tampoco les fue bien. La doctora Inés Viviana Domínguez, médica psiquiatra, y el doctor Adrián Eduardo Alasino, profesionales de la UP15 de Batán, fueron amenazados, y casi se quedan sin trabajo. «



las estadísticas, con nombre y apellido

Eduardo Barrionuevo Miranda era asmático, pero en las cárceles bonaerenses nunca le proporcionaron la medicación necesaria para sobrellevar sus ataques. Fue torturado por efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal de distintas maneras (golpes, disparos a los pies con balas de goma), y trasladado en varias oportunidades. A fines de 2011 y mientras sufría una fuerte depresión en la UP45, lo depositaron en un sector de aislamiento de la UP21, "luego de haber sido golpeado nuevamente con palos y atacado con balas de goma por agentes penitenciarios, como represalia por reclamar medicación para el asma y la medicación psiquiátrica que le había sido prescripta", sostiene el informe de la CPM.
Las mudanzas a destinos que él no conocía llegaron a nueve en un año: "Nunca se le brindó tratamiento médico adecuado para el asma crónica, ni para los problemas de salud mental que provocaron y/o agravaron, probablemente, las condiciones materiales y simbólicas de detención. Tampoco se garantizó el acceso a derechos fundamentales como la educación, trabajo y formación integral, permaneciendo aislado e incapacitado para el desarrollo de actividades vitales para la salud integral. La maquinaria judicial y penitenciaria, cada una a su modo pero ambas en forma persistente e impune, coadyuvaron para su progresiva degradación física, emocional y psíquica. Finalmente, la maquinaria punitiva terminó matándolo." Falleció el 10 de mayo en la UP21 de Campana. A Brian Núñez Valenzuela, varios efectivos le pegaron en el Anexo 5 de la Unidad 2 de Marcos Paz. Además de golpes de puño y con palos, soportó durante dos horas el llamado "pata-pata", le hundieron los nudillos de ambas manos, quemaron sus pies y su tímpano fue lesionado en forma grave. La versión oficial "fue absolutamente falaz –dice el informe–, culpando al detenido de autolesionarse. Posteriormente inhaló monóxido de carbono en un incendio en la unidad y debió ser trasladado nuevamente al hospital. Desde entonces, ha debido soportar traslados de varios días de duración sin contar con elementos mínimos para higienizarse, comer debidamente o tener la atención médica que su cuadro clínico y psicológico requiere."
Hasta que la causa por apremios ingresó al Tribunal Oral Criminal Nº3 de Lomas de Zamora, en el cuerpo de Jonathan Salinas Cuello se podían ver marcas de más de 30 balas de goma y tres cicatrices de arma blanca provocadas por agentes penitenciarios. En lugar de atención médica, fue trasladado a dependencias del Programa de Conductas Violentas, donde transcurría casi todo el día encerrado. El ingreso a ese programa se produjo sin su consentimiento, porque no sabe leer ni escribir. Un relevamiento de la CPM comprobó la existencia de un hábeas corpus "que el tribunal resolvió rechazar sin haberlo citado a comparecer."