El gobierno porteño intentará limitar los derechos de los más de 140 mil trabajadores públicos capitalinos. Hace pocos días se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad una disposición que prohíbe realizar asambleas gremiales en horarios de trabajo y exige que cualquier reunión laboral sea solicitada con, al menos, 72 horas de antelación. "Es otro acto de autoritarismo del macrismo", consideró la diputada Laura García Tuñón de Buenos Aires Para Todos.
Después del paro de subte que tuvo una duración récord, una nueva tormenta acecha las puertas de Bolívar 1. El 6 de agosto pasado, el Ejecutivo porteño publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la Disposición Nº 40 que entre otras cosas exige que "los pedidos de asamblea a realizarse en las dependencias del gobierno deberán ser presentadas con no menos de 72 horas de anticipación ante la máxima autoridad de la dependencia", según se establece en el artículo 1º de la normativa. El texto lleva la firma de Carlos Lelio, responsable de Dirección General de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales.
La norma viola la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales que en su artículo 23 establece los "derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales". En su inciso "e" de dicho artículo, la norma determina que cualquier gremio podrá "realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa".
"Mañana vamos a presentar un proyecto de suspensión de la disposición que atenta contra la libertad y la organización sindical", anticipó la legisladora García Tuñón, quien además mantiene conversaciones con sus pares de la Comisión de Legislación del Trabajo de modo de citar al ministro de Modernización Andrés Ibarra para que explique la polémica medida.
La diputada porteña explicó además que desde la cartera, que fue creada el año pasado, ya partieron al menos diez impugnaciones a procesos electorales sindicales de distintas reparticiones de la Ciudad que, según ella, "tenían todo en regla". Entre ellos, el caso del Hospital de Quemados, donde llegó una carta que pedía la suspensión de los comicios "sin dar ninguna explicación".
La Disposición 40, firmada por Lelio establece en su artículo 2º que "la autoridad de la dependencia deberá evaluar la posibilidad de disponer de un espacio físico para la realización de la asamblea", ya que esta "no deberá entorpecer el normal cumplimiento de las tareas a desarrollarse". En su artículo 3º, la norma fija que "la autoridad de la dependencia evaluará a su vez la conveniencia de realizar la asamblea fuera del horario de trabajo".
Una fuente de la CGT explicó a Tiempo Argentino que "el gobierno porteño no tiene la potestad para regular una norma federal".
Por su parte, el legislador Francisco "Tito" Nenna también se sumó a las críticas a la avanzada antisindical.
"Desde el Ministerio de Modernización, Mauricio Macri está promoviendo el raquitismo estatal y ahora cercena el derecho de los trabajadores a organizarse y expresarse. Esta resolución evidencia, una vez más, la alergia sindical que aqueja al macrismo y el poco apego a la libertad de expresión que tanto declama el jefe de gobierno en el seno del Grupo Clarín", aseguró el diputado de la Ciudad, quien también prepara un proyecto de repudio a la normativa.
Alejandro Amor es secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas Porteñas, legislador del FPV y además pertenece al Sindicato Único de Trabajadores de la ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). "Ninguna norma puede violar a otra con rango constitucional como es el Convenio 87 de la OIT que desde la reforma tiene jerarquía constitucional", afirmó el diputado, quien también citó el artículo 14 bis de la Carta Magna y la Ley 471, de empleo público de la Ciudad de Buenos Aires.
Amor aseguró además que en la Ley de Asociaciones sindicales "se establece un mecanismo que es muy claro" para la realización de asambleas de trabajadores. "El gobierno porteño confunde su rol de Estado con el de empleador de los trabajadores. No puede imponer, sino que debe negociar con los trabajadores en el marco de convenios colectivos. No puede aprovechar sus facultades extraordinarias para ir más allá de la negociación en una paritaria libre”, aseveró el diputado.
"Esta disposición atenta contra todo el sistema jurídico laboral vigente. Para nosotros no tiene ningún valor, no le puedo dar entidad jurídica porque no tiene ningún valor legal. Tampoco le podemos dar entidad política, porque la firma un funcionario de rango inferior, ni siquiera se trata de un ministro", apuntó Amor. «



"ilegal y persecutorio"

Cuatro días después de la publicación de la medida del macrismo en el Boletín Oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó con el envío de una carta documento dirigida al Ministerio de Modernización de la Ciudad.
En el documento, ATE repudió la decisión a la que calificó de "ilegal, improcedente y manifiestamente persecutoria y antisindical". Para la Asociación, el intento de reglamentar los derechos sindicales es un "acto manifiestamente ilegal por incompetente y violatorio de principios y derechos constitucionales".
El documento, al que tuvo acceso este diario, subraya que la disposición del gobierno porteño constituye otra pieza de la "sistemática persecución y discriminación para con las organizaciones sindicales, la democracia y la libertad sindical".



Fuente: Tiempo argentino