El 8 de enero de 2012, la Policía Bonaerense encontró en un descampado el cuerpo baleado de la maestra jardinera Silvia Prigent, uno de los casos más emblemáticos de violencia de género del corriente año. Ese mismo día, Alejandra Bonazola, de 28 años, moría en su casa del barrio de Palermo, por los golpes de su pareja. La semana anterior, otras tres jóvenes de 16, 22 y 23 años, habían sido asesinadas por sus novios o maridos en Salta, La Matanza y Santa Fe. Jesica Lencina falleció en el hospital por quemaduras; Natalia Velarde, por un disparo en la calle; y Mónica del Carmen Gorosito fue degollada en el local comercial de un familiar.
En los siguientes seis meses, otras 114 mujeres morirían en condiciones similares, según el último informe sobre femicidios, que elabora el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de la ONG La Casa del Encuentro.
Los 119 casos del primer semestre representan una baja significativa con respecto a las 151 muertes por violencia machista del mismo período en 2011. Sin embargo, desde esa entidad relativizaron esa disminución: "En la actualidad, hay 23 mujeres que fueron quemadas, y están vivas. Es prematuro saber qué va a suceder con ellas. Ojalá tuviésemos un descenso, pero las cifras de agosto ya son terribles. No se puede hablar de un descenso", explicó Ada Rico, directora del Observatorio.
En todo caso, el estudio confirmó tendencias de informes anteriores: 43 mujeres, casi un tercio de las víctimas, tenían entre 31 a 50 años; y siete de cada diez crímenes fueron cometidos por las parejas actuales y las ex parejas de las víctimas. Pero además expuso otra faceta no menos cruel de la violencia de género: el número de "víctimas colaterales" que produce. En estos seis meses, 161 hijos perdieron a sus madres. El 60% de ellos es menor de edad. "Hace cinco años que estamos reclamando el diseño de un plan nacional de lucha contra la violencia. Hubo iniciativas locales o parciales, pero se necesita una política pública integral urgente", resumió Fabiana Túnez, de La Casa del Encuentro.
Un dato alarmante que revela esa ausencia de políticas públicas que garanticen la protección de las víctimas, es el número de mujeres que murieron a manos de hombres a los que ya habían acusado por amenazas o maltratos. Casi el 20% de los femicidas contaba con una denuncia previa o tenía una orden de exclusión del hogar.«



"denuncia solidaria"

Los senadores del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández(foto) y Elena Corregido, presentaron ayer un proyecto de ley de "denuncia solidaria", que habilita a niños, adolescentes o a terceros a realizar denuncias en casos de violencia familiar ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, reservando la identidad del denunciante. Además, contempla sanciones a funcionarios públicos que no hayan actuado ante las denuncias de violencia familiar. La propuesta es complementaria de la Ley de Protección Integral Contra la Violencia de Género y busca, en palabras del senador Fernández, crear nuevas herramientas para "proteger a la familia de aquel que comete este tipo de abuso de poder".
Junto a esta propuesta, Corregido y Fernández presentaron un proyecto para establecer la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora y plantear restricciones para estas personas como el impedimento de obtener o renovar el pasaporte, las licencias de conducir, tarjetas de crédito o la apertura de cuentas bancarias. De aprobarse, quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para abrir comercios, desempeñarse en cargos públicos u obtener concesiones o licitaciones. El oficialismo aspira a que ambas iniciativas sean sancionadas antes de fin de año.



Fuente: Tiempo argentino