La puesta en marcha por parte del gobierno nacional de medidas dirigidas a ahorrar subsidios obliga a las siguientes reflexiones:

1) Estamos en presencia de un reconocimiento expreso del problema fiscal que, hasta el momento, el gobierno negó. El año 2011 termina con un déficit financiero que supera los $ 27 mil millones y la proyección fiscal para 2012 si se repite la performance hasta hoy vigente lleva ese déficit a $ 50 mil millones

2) Es evidente que para un presupuesto cuyo gasto se ubica en torno a los $500 mil millones, tener exenciones impositivas, subsidios y regímenes de promoción que superan los $ 124 mil millones es una barbaridad que exigía y exige una revisión. Máxime cuando los efectos que estos subsidios producen en términos de equidad social y de orientación adecuada de la inversión son por demás discutibles.

3) Se confirma que pese al discurso pseudo-progresista del gobierno nacional y popular y a las afirmaciones reiteradas de los funcionarios respecto a las virtudes de los subsidios, la maquinaria construida encerraba profundas injusticias. Ya sabemos por ejemplo que unos $ 4600 millones se destinaban a financiar a grandes empresas y a hogares de elevado poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% no tiene gas en red y el 22% no posee agua corriente. Precisar esto y señalar que el móvil oficial de las medidas en curso es resolver el deterioro de las cuentas públicas implica entender que en los momentos donde hubo capacidad de expandir el gasto la asignación de recursos públicos dejó mucho que desear y que ahora la eliminación es para equilibrar las cuentas y no para invertir en la solución de los problemas y urgencias sociales.