Internacional La justicia española archivó una causa iniciada contra manifestantes del 25-S  El juez consideró que ocho de los detenidos durante las protestas contra el ajuste no cometieron delito. Aún quedan abiertos otros 35 procesos. Investigan si policias infiltrados iniciaron los disturbios
La justicia española archivó hoy la causa abierta contra ocho personas que organizaron la protesta “25-S. Rodea el Congreso” y que habían sido acusadas de un delito contra las instituciones del Estado.
Tras tomar declaración a los imputados, el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz resolvió el cierre de la investigación judicial al apreciar que los hechos “no son constitutivos de delito”.
“Las convocatorias origen de estas diligencias no suponen comisión de delito alguno, y con ello que ninguno de los imputados en la presente causa, como otros identificados inicialmente como posibles partícipes de la convocatoria, han cometido delito alguno”, subraya Pedraz.
La convocatoria “25-S. Ocupa el Congreso” –luego “Rodea el Congreso”- fue impulsada en junio desde las redes sociales por un grupo integrado en el movimiento de los indignados, que llamó a los ciudadanos de toda España a rodear el Parlamento de Madrid en forma indefinida hasta conseguir la dimisión del gobierno y el final de las política anticrisis centradas en el ajuste.
En su escrito, al que tuvo acceso Télam, el magistrado sostiene que los acusados manifestaron que “no pretendían invadir, penetrar, acceder o alterar el normal funcionamiento del Congreso, insistiendo en el carácter pacífico de las concentraciones convocadas”.
Además, el juez explica que el delito atribuido a los organizadores -tipificado en el artículo 494 del Código Penal-, castiga a quienes promuevan, dirijan o presidan manifestaciones ante el Congreso cuando esté reunido alterando su normal funcionamiento, y que “es notorio, vista además el acta de la sesión del día 25, que no hubo alteración alguna”.
Aún está pendiente de resolución la situación de otras 35 personas detenidas el pasado 25 de septiembre durante los duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que tuvieron lugar en la Plaza Neptuno, a unos 200 metros del Congreso de los Diputados.
La policía los acusó de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, pero la jueza de Madrid que asumió la causa se inhibió el lunes a favor de la Audiencia Nacional al considerar que cometieron un delito contra las Instituciones del Estado que es competencia de ese tribunal.
No obstante, Pedraz se refiere a estos detenidos y advierte a la policía judicial no puede “excederse en sus funciones” y querer imputarles ahora otros delitos –contra las instituciones del Estado-, y que resolverá si él es competente o no cuando corresponda.
Después de la protesta y la represión del 25 de septiembre, el gobierno español volvió a la carga con su propuesta de criminalizar la protesta social.
Por otro lado, el magistrado rechazó la solicitud de la defensa de imputar a la Delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, por su responsabilidad en la represión policial del 25 de septiembre, ante la presencia de infiltrados de la policía entre los manifestantes que iniciaron los desórdenes públicos.
El archivo de la causa contra los organizadores del 25-S coincide con el inicio de una investigación interna por los excesos cometidos por algunos agentes antidisturbios, que reprimieron a manifestantes dentro de la estación de trenes Atocha, lejos de las protestas.
Jueves, 4 de octubre de 2012
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