El superintendente de Riesgos del trabajo, Juan González Gaviola, defendió el proyecto de ley que plantea modificaciones de peso en la legislación sobre riesgos de trabajo que obtuvo la semana pasada media sanción en el Senado, mientras se espera que hoy sea debatido por un plenario de comisiones en la Cámara Baja.

El reportaje al diario Tiempo Argentino, es el siguiente:

–Según datos oficiales, en 2010 se notificaron 630.766 casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Más allá del bajo nivel de las indemnizaciones, si la litigiosidad es alta también se debe a que la siniestralidad es muy grande. ¿No hubiese sido mejor ocuparse de este problema con este proyecto?

–Es un error fundamental de las críticas que se le están haciendo. En los últimos cinco años se avanzó en prevención como no se avanzó nunca en la Argentina. No es necesaria una ley para avanzar. Sí es necesaria una voluntad política que nos llevó a cuadruplicar los inspectores, a dotarlos de tecnología, a hacer convenios con todas las provincias que son las que tienen poder sancionatorio sobre los empleadores, a aumentar la cantidad de visitas de supervisión sobre los empleadores que las ART tienen que hacer. Entre 2008 y 2010 cayeron en un 30% las muertes y un 25,5% los accidentes comunes. ¿Es prevención o casualidad? Por primera vez en un país que venía creciendo a tasas chinas –normalmente los accidentes suelen acompañar esas cifras–, primero los accidentes se amesetaron y luego comenzaron a bajar, aun con más gente trabajando. No quiere decir de ninguna manera que sea suficiente ni estemos conformes, pero sí que nos estamos ocupando de la prevención.

–Está bien, pero la cantidad de accidentes sigue siendo alta.

–La siniestralidad sigue siendo alta, creemos que se puede seguir bajando, pero está en los niveles de otros países que se consideraban en otro momento como referencia, como Chile y España. Hoy estamos incluso más abajo que España en mortalidad, especialmente. Hay muchísimo más que se puede hacer, y tenemos planes para ello. Vamos hacia la digitalización total en materia preventiva, lo que será un salto cualitativo y superando el esquema de prevención secundaria, que son los programas focales que van detrás de los incidentes. Tomamos el promedio de índices de siniestros de la actividad por actividad económica, y a las que están por encima de ese índice promedio las ponemos en una especie de "terapia intensiva". Hace tres años, en Argentina empezamos a desarrollar el mapa de riesgo, que mide no el riesgo explicitado –que es el accidente que se produjo– sino el riesgo potencial por algo que está mal.

–El proyecto plantea una serie de mejoras en las indemnizaciones para desincentivar la vía judicial. ¿Era necesario plantear una opción excluyente?

–Creo que sí, porque en este momento el tema está tan salido de madre que estamos con problemas: el sistema estaba dando muchas ventajas y su núcleo de discusión estaba fundamentalmente en lo resarcitorio. De hecho, el crecimiento de los juicios fue exponencial y teníamos prácticamente la misma cantidad de juicios que incapacidades. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema administrativo si todo se termina judicializando? Directamente, dejemos entonces que la gente vaya a la justicia, lo que sería en perjuicio del trabajador. Así como hubo un primer desvío de una ley muy mezquina para con el trabajador, a quien se le pagaba la mitad que a un ciudadano común por la misma lesión, ahora nosotros estamos yendo a una indemnización muy generosa. Desde 2009, a este proyecto se quintuplican las prestaciones prácticamente. En 2009 se mejoraron mucho y ahora se vuelven a duplicar y se les agrega un 20% para llegar al resarcimiento integral que contemple no sólo la incapacidad de ganancia, sino otro tipo de daño, como el moral.

–¿No es contradictorio mejorar las indemnizaciones pero cortarle la posibilidad del reclamo judicial?

–No, es facilitarles la vida a los trabajadores, por caso a quien tiene una enfermedad en la columna vertebral porque ha estado cargando bolsas durante años, que no deba ir a la justicia a recibir un resarcimiento por enfermedad laboral sino que el sistema administrativo se lo pague rápidamente.

–Durante su exposición en el Senado usted habló de la existencia de "circuitos de corrupción". ¿Qué casos encontraron desde la Superintendencia?

–Tiene que ver con la existencia de fraudes. La vulnerabilidad del sistema judicial hace que existan circuitos donde participan abogados y médicos que falsifican certificados en forma masiva. Se trata de procedimientos que han tomado envergadura en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, en donde se generan una gran cantidad de juicios por enfermedades que, cuando uno va a investigar, no existen. En las provincias donde se han hecho investigaciones al respecto, fundamentalmente en Córdoba y Mendoza, han surgido acciones penales en contra de este circuito fraudulento. En muchos casos, las propias ART han sido muy débiles en la defensa de esto porque desconfiando del sistema judicial preferían pagar cualquier tipo de arreglo en lugar de ir a un juicio. En Corrientes tuvimos una construcción clandestina donde se murieron ocho trabajadores. Hice una denuncia penal por ese tema porque los derecho-habientes no habían cobrado a pesar de que habían pasado cuatro meses. En vez de cobrar lo que las ART les daban y después ir a juicio, el abogado no les dejaba cobrar nada y después cobraba por el paquete general.

–Los senadores de la oposición pidieron la opinión de Moyano, quien criticó el proyecto.

–Moyano hoy está aspirando a lanzarse a la carrera política más que a la carrera sindical, según lo que vimos en Córdoba. Entonces, puede tener algunas motivaciones que no sean realmente este tipo de cosas. Previo a esto con Moyano hemos hablado mucho, participó de muchas situaciones, firmó la estrategia argentina en materia de salud y seguridad, pero creo que hoy estamos en otro escenario en donde lo que vemos es que hay una especie de necesidad de confrontación permanente parecida a la que ha tenido en muchos otros casos la oposición política. Por otra parte, me llamaron la atención las declaraciones de Liliana Negre de Alonso, que salió a decir que era un fantoche pero que nos felicitó cuando fuimos al Senado.

–En el caso de que las mutuas funcionen bien, ¿se podría pasar a un sistema sin fines de lucro con la desaparición de las ART?

–Probablemente, si las mutuas funcionaran mejor que las ART, cambiaríamos un sistema que está vinculado a la seguridad social sin fines de lucro a partir de uno que hoy sí tiene fines de lucro. Cualquier empresa que no se ponga a tono con la competencia tiene posibilidades de desaparecer. Nosotros no estamos comprometidos con esa figura (las ART privadas), las heredamos, hoy están dando prestaciones de una calidad aceptable fundamentalmente en la cobertura médica y en el pago de incapacidades laborales temporarias y estamos tratando de mejorar en el caso de las incapacidades laborales permanentes. No estamos casados con esa modalidad, por eso creemos que el sistema de mutuas tiene una serie de mejoras. En primer lugar, habrá un estudio del riesgo específico con un diálogo con los actores involucrados. En prevención hay que estudiar el riesgo específico de cada actividad. A esto deberíamos sumarle que deberían ser más eficientes en el costo, y abaratarlo al disminuir el costo de administración que tiene un tope del 8 por ciento. Creemos que la mutua es un instrumento mejor a los efectos preventivos.

–¿Qué se puede esperar en materia de enfermedades profesionales?

–En ese tema tenemos un déficit porque hay un gran subregistro y subdiagnóstico. En el sistema de salud una persona llega con un problema pulmonar y cuando se le hace el diagnóstico no se lo vincula con las tareas laborales que ha tenido. Estamos analizando de qué manera se hacen exámenes periódicos y cómo llevamos un registro de personas expuestas a factores de riesgo que nos permitan en el futuro aprovechar la tecnología digital para hacer un control superior. Tienen razón los que dicen que hay más enfermedades profesionales que las que están registradas.




Fuente: Presidencia de la Nación