Martín Guzmán y el resto de los funcionarios locales retomaron las discusiones con Washington con los negociadores del caso argentino que comandan Julie Kozac y Luis Cubeddu. Y, aunque inevitable, el Gobierno quiere que uno de los puntos más conflictivos del Facilidades Extendidas que se negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga el menor impacto posible. Y que pueda ser políticamente manejable hacia delante. Se trata de las inspecciones trimestrales que desde el organismo se aplicarían en el país, para controlar que la Argentina esté cumpliendo la planificado.

Si todo sale como el Ejecutivo planea, aun con las tormentas de las últimas horas, el acuerdo podría firmarse en marzo, con lo que las primeras misiones trimestrales podrían concretarse entre julio y agosto; para verificar lo que suceda en el segundo trimestre del año. Luego se concertarían entre octubre y noviembre y luego entre enero y febrero del 2023. Como para que haya problemas habría que incumplir las metas durante dos trimestres consecutivos; recién podría haber dificultades de continuidad, y en consecuencia mayores presiones desde el Fondo, en el 2023. Esto implica que durante este año la relación bilateral no sufriría problemas; pero que en el año electoral habría dificultades si no se cumplen las metas. Como Guzmán descarta que lo que se firmaría este año es absolutamente cumplible (un desequilibrio fiscal del 2,5%); si hubiera problemas recién aparecerían en el segundo semestre del año próximo. Lejos en el tiempo, pero coincidentes con el programa electoral donde el oficialismo jugará su continuidad.

Por esto se discute una alternativa para las inspecciones trimestrales que, otra vez, necesitará de la intervención política del board del organismo. El Fondo exige, como en todo acuerdo del tipo Facilidades Extendidas, inspecciones de cumplimientos de metas trimestrales; según el dictado del artículo IV del estatuto del organismo que dirige Kristalina Georgieva. En términos políticos locales, si se firmara el acuerdo con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández, y los que lo sucedan, deberían aceptar misiones de los enviados particulares del organismo que tengan la responsabilidad de manejar el caso argentino cada tres meses. En cada misión, los enviados de Washington deberían fiscalizar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En ese punto podría haber simplemente un correctivo, una recomendación de modificación de políticas o un cuestionamiento mayor. Y si el país persiste en su incumplimiento, desde Washington se debería negociar un perdón (waiver) o varios puntos intermedios hasta la caída del acuerdo. Para llegar a este punto, según el estatuto, el incumplimiento debería concretarse en dos trimestres consecutivos, y siempre queda la posibilidad de correcciones futuras. En general, no son cuestiones tan graves, salvo que los desvíos sean amplios y profundos y, a los ojos del Fondo, injustificables según las circunstancias económicas.

Cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se debería reunir con los principales funcionarios económicos del país; los que deberían desplegar los números locales y explicarle detenidamente a los enviados de Washington como marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI, tienen el poder de consultar y repreguntar; y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se le muestren. Y de regreso en Washington, pueden criticar y hasta recomendar cambios de políticas. En otras palabras, los representantes del FMI que tengan la firma autorizada en las misiones del Fondo, podrán tomar examen a los funcionarios locales. Algo que evidentemente sería muy difícil de aceptar de parte del ala política más radical del Gobierno. De hecho, recuerdan dentro del kirchnerismo, este tipo de misiones fue lo que determinó que el stand by firmado en el 2003 termine siendo cancelado y liquidado en febrero de 2005. La decisión la tomó Néstor Kirchner luego de las quejas de varios de sus funcionarios por los datos molestos que a veces pedían los visitantes de Washington.

La intención de los negociadores locales es que el requerimiento de las misiones trimestrales se modifique, y que se extiendan a un ritmo semestral. O anual. Y que las visitas sean simplemente diplomáticas y correctivas. El argumento es que como se trata de un Facilidades Extendidas inédito, también las fiscalizaciones deberían ser inéditas y con mayor espacio de tiempo.

Fuente: Ámbito