Apenas el presidente Alberto Fernández procuró encorsetar los alcances del acuerdo con el FMI a una “revisión” de los “regímenes especiales de privilegio donde están los embajadores y los jueces”, los chats judiciales se activaron, inquietos y también iracundos. Es que la mención para diferenciar el régimen previsional docente del de los integrantes del Poder Judicial fue un inmediato “déjà vu” al traumático proceso en el que se modificó el esquema jubilatorio para quienes se desempeñan en la justicia, incluyendo los Ministerios Públicos. Su incidencia excedió por lejos a jueces y fiscales y pegó de lleno en lo que podría denominarse la “clase media” del Poder Judicial –de secretarios hacia arriba- con aumentos en la edad, incremento en los descuentos mensuales, modificación de la fórmula de cálculo de haber inicial, entre otros cambios. Le valió al Gobierno un prematuro final de luna de miel con “la justicia” y dejó una herida que aún continúa abierta. El movimiento –en términos políticos- fue puro costo y en términos de beneficio económico para las arcas públicas terminó totalmente licuado por las consecuencias del descalabro económico que terminó generando, luego, la pandemia.

En rigor, el Gobierno tampoco puede asegurar que efectivamente revisionará esa misma ley que aprobó el Congreso. “Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales”, afirma el texto del borrador del 12 de febrero que deja abiertas las interpretaciones. Alberto Fernández buscó evitar que en ese paquete quedara la sospecha de que docentes serían alcanzados por ese punto del acuerdo. Fuentes del Ministerio de Economía fueron en el mismo sentido pero, incluso, relativizando aún más esa posibilidad que alcanzaba al servicio exterior también: “se evaluará”, indicaron a Ámbito. De hecho, con la reforma del 2020 –algo que reconoció ayer el Ministro de Trabajo Claudio Moroni- el judicial quedó bastante más cerca del régimen general mientras que el de los diplomáticos directamente quedó sin efecto para los nuevos ingresantes. Nada de esto consiguió aplacar la inquietud que comenzó a surcar, ayer, los intercambios, por ejemplo, en el grupo de la “Bordó”, una de las agrupaciones que integran la Asociación de Magistrados. Al final de la jornada emitieron un comunicado en el que calificaban la idea como un “embate más” y criticó la “falta de programas económicos responsables”.

La de las jubilaciones fue una de las primeras batallas que libró la administración del Frente de Todos en términos de reformas y la única que llevó a cabo. Presentada la iniciativa, un borrador fue negociado entre la Asociación de Magistrados (que aceptaba algunos puntos y proponía su propia poda consensuada) y la entonces ministra Marcela Losardo. Desde Casa Rosada aterrizó en el Congreso un proyecto muy distinto. Significó el divorcio de interlocución entre los representantes judiciales y el Ejecutivo. Eso explica que anoche, en el Ministerio de Justicia, desconocieran que fuera a pasar por allí una discusión de ese calibre, y mucho menos pudieran acercar una precisión respecto al tenor de esa revisión.

Aunque módico, la norma de 2020 implicó un primer éxodo entre magistrados al límite de la edad para jubilarse, en los términos previos a la modificación. El efecto práctico quedó difuso: en materia federal muchos permanecieron en sus cargos con juicios convocados o iniciados. Aquella reforma nunca afectó a la Corte Suprema o a su organigrama. Lo que sí trasladó la administración de esos beneficios a la ANSES que meses después disparó una serie de intimaciones para quienes habían iniciado trámite “preventivo” (una costumbre arraigada que actuaba como salvavidas ante eventualidades disciplinarias) que fueron decodificadas como una invitación al retiro. Hubo un segundo éxodo menor que el primero. Las presentaciones judiciales en contra quedaron atomizadas.

El margen para una nueva modificación fue evaluado como exiguo en términos fiscales, desde algunos ámbitos judiciales. El número consolidado de remuneraciones mensuales en los presupuestos son una tentación para la tijera, lo mismo que cada vez que se reedita la discusión por el pago de Ganancias para los integrantes del Poder Judicial. El acuerdo con el FMI parece arrojar chispazos en cada línea del texto, algo que se advierte con el paréntesis de que el “párrafo completo es objeto de una discusión más amplia”.

Fuente: Ámbito