La Iglesia volvió a pedir alimentos para los comedores populares y advirtió: “La pobreza sigue creciendo”
En un comunicado de Cáritas solicitaron que se normalice el abastecimiento para los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos. Es la segunda advertencia que dieron los obispos en la semana
La Comisión Episcopal de Cáritas Argentina volvió hoy a pedirle al Gobierno mediante un comunicado que se les proporcione “la ayuda necesaria” en materia de alimentos a los comedores populares para que puedan seguir funcionando
Más allá del acuerdo que se alcanzó el miércoles entre Cáritas y el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, remarcan: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”
Se trata de la segunda declaración que dio esta semana la cúpula de Iglesia a pocas horas de la reunión que está previsto que se dé el lunes en Roma entre el presidente Javier Milei y el sumo pontífice papa Francisco.
Por eso pidieron que tanto los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos, entre otras instituciones que colaboran conjuntamente con la Iglesia, puedan normalizar su funcionamiento lo más pronto posible porque los niveles de pobreza en los últimos tiempos crecieron. “En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos”, expresaron.
Apoyan el método de las auditorías que implementó el ministerio de Pettovello cuyo objetivo fue terminar con las irregularidades en el manejo de los fondos asignados a cada organización pero aclararon que el acuerdo de Cáritas con el Estado Nacional “vinculado a la renovación de un convenio de meriendas, se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables El jueves de esta semana en medio del conflicto con los piqueteros de izquierda y organizaciones sociales por la falta de comida en los comedores y merenderos comunitarios Pettovello firmó un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario. Según se había anunciado los acuerdos firmados por el Estado Nacional en las últimas horas “asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad”. Una semana tensa Pettovello estuvo en el centro de la polémica esta semana por una movilización de grupos piqueteros que tienen buena relación con la Iglesia para reclamar alimentos. La movilización la hicieron la UTEP de Juan Grabois -con llegada directa al Papa- y otras organizaciones aliadas, que tuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández cargos y accesos a recursos constantes para brindar asistencia.
La señalización contra los “prejuicios ideológicos y peleas sectoriales” tienen que ver con que en la Iglesia cuestionan la decisión política que tomó el gobierno de desplazar y desconocer a la mediación de las organizaciones sociales y piqueteras para llevar al territorio la asistencia, una tarea de la que el Estado los últimos años se retiró.
Casi al mismo tiempo en que se realizaba la protesta en Carlos Pellegrini al 1200 donde funciona el ministerio y que convocó a miles de asistentes a los comedores, la ministra también había firmado un convenio con representantes de iglesias evangélicas en la localidad bonaerense de José C. Paz. El acuerdo suscripto ese día por $ 177.500.000 con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) fue “para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios”.
La funcionaria y otros dirigentes del Gobierno insisten en que se propusieron terminar con la “tercerización” de los dirigentes populares, o al menos con los que no rindan cuentas sobre las toneladas de alimentos que se envían desde los depósitos del Estado Nacional.
