El productor y agricultor de cannabis de la Cooperativa Aguará, Cristian José Mancuello, cuestionó el veto total del gobernador a la ley que regulaba el desarrollo sostenible e inclusivo de la cadena de valor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados del Chaco dos semanas atrás. La iniciativa contemplaba la creación de la Agencia Chaqueña de Cannabis y Cáñamo y de un registro provincial.

En diálogo con CIUDAD TV, Mancuello relató que “ayer, 11 de diciembre, el diputado Juan José Bergia, el autor e impulsor del proyecto de ley, nos mandó el decreto firmado por el gobernador en el cual vetaba completamente la ley que había sido aprobada por unanimidad dos semanas antes en la Legislatura”.

Según explicó, la decisión generó preocupación en el sector. “Eso nos ocasionó un malestar en el aspecto que no entendemos cómo una ley que fue aprobada por unanimidad, con votos inclusive de los diputados del oficialismo, el gobernador la vete. Esperábamos, en el peor de los casos, un veto parcial”, sostuvo.

Mancuello señaló que el sector consideraba necesario un ámbito de discusión previa. “Entendemos que cuando se tocan políticas que tienen que ver con el desarrollo productivo y sobre todo con la seguridad sanitaria de la provincia y de los ciudadanos, es importante sentarse en una mesa técnica y debatir ciertos puntos, pero no esperábamos un veto total”, afirmó.

Al analizar los fundamentos del decreto, planteó dos posibles interpretaciones: “Se vieron los argumentos y es ahí donde llegamos a la conclusión de que hay dos opciones: que el gobernador o el Ejecutivo está mal asesorado o realmente hay una intención política de no dejar avanzar el sector cannábico”.

El productor remarcó que el proyecto buscaba ordenar toda la actividad. “Ésta plantea ser una ley modelo en el aspecto que regulariza y le pone nombre y apellido a todos los eslabones de la cadena de valor del cannabis y del cáñamo industrial”, explicó. En ese sentido, precisó que “cada persona o cada organización que participa, que hace posible que el usuario pueda acceder de una manera segura y legal al cannabis, tiene que estar contemplada en la ley”.

Mancuello recordó que actualmente el marco regulatorio se apoya en la ley nacional 27.350, pero advirtió sobre sus limitaciones a nivel productivo. “Hoy en día estamos trabajando en un marco que, si bien está definido desde lo que tiene que ver con salud, en diversas rees con las diferentes comisiones y de acuerdo también con los diputados, tanto oficialistas como de la oposición, llegamos a la conclusión de que dar esa seguridad, esa salud y ese bienestar a los usuarios tiene un costo”, indicó.

Detalló que las organizaciones que hoy dispensan cannabis medicinal deben afrontar múltiples exigencias. “Para poder trabajar una asociación civil o una fundación necesitás un director técnico, un ingeniero agrónomo, un director médico, asesores legales y contables, y ni hablar de los análisis para hacer que ese producto que va a ser para consumo humano sea seguro”, enumeró. “Todo eso genera un costo, por eso es necesario definir esa cadena de valor, darle nombre y apellido y desarrollarla para que sea beneficiosa para la sociedad y para la salud”, agregó.

Respecto a uno de los argumentos del veto, vinculado al costo de crear un nuevo organismo, Mancuello lo rechazó. “Uno de los argumentos del veto a la ley es que genera un costo al Estado al crear otra agencia, otro ente más. La realidad es que esta agencia se autofinanciaba con una tasa del 1,5, que vuelve a la misma industria garantizando trazabilidad, seguridad, controles y fiscalización”, aseguró.

En ese marco, subrayó que “el Estado no tenía que poner un peso, simplemente encargarse de controlar y fiscalizar que nosotros realicemos nuestro trabajo correctamente”. Según indicó, con el veto “ahora quedamos, de vuelta, supeditados a un registro, al Reprocrann, que es nada más que eso: un registro administrativo que no tracciona, no fomenta ni desarrolla una cadena productiva”.