Pero el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial ante un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que reclaman que no se interrumpa el proceso de relevamiento e inclusión de comedores en el plan Alimentar Comunidad. Son 30 los que debería sumar la cartera a cargo de Sandra Pettovello en los próximos días.

El gobierno libertario fue condenado en primera instancia en noviembre de 2024 por no garantizar el derecho a la alimentación y esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fines de abril del año pasado. Aunque la discusión de fondo ahora está en la Corte Suprema, está vigente una medida cautelar que había dictado en el ínterin el juez Lara Corra para que Capital Humano asegure la política alimentaria que había interrumpido abruptamente con la llegada de Javier Milei a la presidencia.

El argumento fue que no querían que las organizaciones sociales actuaran como intermediarias, alegaron auditorías inexistentes y comedores fantasma que tampoco pudieron demostrar.

La máquina de impedir

El hallazgo, durante el primer año de gestión, de 5mil toneladas de alimentos acopiados (algunos a punto de vencer y otros vencidos) en dos galpones de Capital Humano, dejó expuesta la política deliberada de hambre. Luego, tanto en el fuero penal como en el contencioso las decisiones fueron adversas para la cartera de Pettovello. La comida guardada la tuvo que repartir (aunque un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas estableció que no se puede establecer quiénes la recibieron por problemas con la trazabilidad).

La medida de no innovar, a partir de la cual se estableció como mecanismo la entrega una tarjeta prepaga para la compra de mercadería, debe acatarla porque está firme. Aun así, se los funcionarios se las ingenian para cumplir con cuentagotas.

El CELS y la UTEP van presentando tandas de comedores y el Gobierno intenta sistemáticamente poner en duda su existencia. Por eso el juez autorizó a que Capital Humano releve y coteje el funcionamiento.

Otro argumento al que recurre el Ministerio a cargo de Petobello para tratar de trabar la ejecución de la cautelar y la sentencia es que aumentaron la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones directas y por lo tanto no harían falta políticas de asistencia indirecta ya que según ellos la pobreza se redujo. “Nosotros explicamos que eso es falso y, además, el juez Lara Correa en su sentencia sostuvo que son políticas complementarias”, señaló Bazán.

¿Qué pasa ahora?

En noviembre último, las dos organizaciones que impulsan esta acción colectiva presentaron una lista de 30 comedores para ser incluidos en el programa. El juzgado, como ya es habitual, le indicó al Ministerio que haga el relevamiento y cumpla con la política. Esto sucedió el 19 de diciembre y el plazo que estableció fue de diez días. Con el inicio de la feria judicial, el gobierno amagó con mirar a otro lado.

“En la medida que no avance el plazo previsto para el cumplimiento de las intimaciones por parte del demandado, las familias que asisten a estos comedores seguirán excluidas del programa social reclamado, se extenderá en el tiempo y agravará la vulneración de su derecho a la alimentación”, dice la presentación del CELS y la UTEP. “Se trata de un asunto que ‘no admite demoras’, donde se procura concretar ‘diligencias urgentes’ que se encontraban ya en trámite y de evitar la frustración de la garantía de derechos fundamentales”, señalaron para pedir la habilitación de la feria judicial.

En la resolución de diciembre del Juzgado hay referencias concretas para que el gobierno releve y garantice el derecho a la alimentación respecto a los comedores en cuestión, que están ubicados en distintos lugares del país (Chaco, Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Córdoba, provincia de Buenos Aires). Finalmente este lunes a la tarde el juez Lara Correa habilitó la feria y el gobierno deberá garantizar la alimentación para quienes asisten a los comedores, en su mayoría niños y niñas.

Tanto Lara Correa como la Cámara habían advertido al Estado nacional que no puede tomar medidas regresivas violatorias de un derecho humano básico protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incluidos en ella.

El retroceso en las políticas alimentarias, señalaron, viola esos compromisos y reglas. Coincidieron en que se trata de políticas públicas que no pueden ser discriminatorias ni representan un privilegio. Al revés, deben garantizar la igualdad y no discriminación.

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