El Gobierno nacional resolvió extender por un año más la intervención de los medios de comunicación públicos, una medida que alcanza a Radio y Televisión Argentina S.A.U. (RTA) y a Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. El nuevo plazo se fijó hasta el 1° de febrero de 2027 y se confirmó la continuidad de Carlos María Curci González al frente del proceso.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se apoya en la evaluación que realizó el Poder Ejecutivo sobre el avance del proceso de reorganización de estas empresas estatales. Según se desprende de los fundamentos de la norma, el Gobierno consideró necesario extender la intervención por 365 días más para concluir los cambios en marcha, robustecer el funcionamiento operativo y dotar de mayor previsibilidad a los esquemas de gestión.

En el mismo decreto se dispuso la ratificación de Carlos María Curci González al frente de la intervención. El funcionario ocupa ese rol desde agosto de 2025 y tiene bajo su responsabilidad la revisión integral de los procedimientos internos, además de conducir la transformación de las señales estatales en sociedades anónimas, en línea con el marco normativo vigente.

La intervención de los medios públicos se inició en febrero de 2024, cuando el Decreto 117 estableció un plazo inicial de un año, con la posibilidad de una única prórroga. Durante 2025, una decisión administrativa amplió ese límite y, con la medida adoptada ahora, el Ejecutivo avanzó hasta el máximo permitido por la normativa.

Desde el oficialismo señalaron que las tareas encomendadas a la intervención -centradas en el relevamiento, análisis y revisión de los procesos sustantivos y operativos- aún no concluyeron. En ese sentido, sostuvieron que el trabajo continúa en ejecución y que la prórroga resulta necesaria para asegurar la coherencia técnica de los mecanismos de control y fiscalización.

La medida abarca a la Televisión Pública, así como a las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, además de las plataformas digitales que dependen de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado. El decreto se enmarca en lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto 70/23, que ordenó la conversión de sociedades estatales en sociedades anónimas bajo la Ley General de Sociedades, manteniendo la supervisión directa del Estado durante el proceso de evaluación de su funcionamiento y viabilidad.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y fue refrendado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y cuenta con el aval del asesoramiento jurídico del Estado, que respaldó la continuidad de la intervención debido a la complejidad del proceso y al objetivo de consolidar la nueva estructura orgánica de los medios públicos.

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