Esta idea es similar a la que tiene el Gobierno para la Cámara Federal de Casación Penal donde también hay cuatro vacantes, con concursos avanzados, pero la intención de la Casa Rosada es dejarlas sin cubrir y reducir el tribunal de 13 a 9 jueces.

Este cambio en la arquitectura del Poder Judicial va mucho más allá de los cálculos matemáticos y de las necesidades de optimizar los recursos, sino que es una modificación en la distribución del poder.
La primera razón para reducir la estructura de los juzgados federales de Comodoro Py es la disminución de la cantidad de causas en trámite.Los jueces federales porteños intervienen en los casos que implican a funcionarios públicos nacionales en asuntos de corrupción, en narcotráfico, trata de personas, y asuntos de terrorismo y lavado de dinero.

Pero los expedientes disminuyeron. La estadística oficial de la Corte Suprema de Justicia señala que los expedientes que ingresan por año a la Cámara Federal son 1602. Es decir 800 por sala, unos 70 por mes por sala contando las vacaciones.

En primera instancia existen 12 juzgados federales. Por lo tanto, las causas en trámite, si bien algunas muy complejas y voluminosas, se reducen a un centenar por cada juzgado.

El contraste es mayor cuando estos juzgados tienen una dotación de empleados que, en algunos casos, es cuatro veces mayor que en otros tribunales, según dijeron fuentes judiciales.

La otra cuestión tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la primera instancia de Comodoro Py. Los jueces federales eran seis hasta que, en los noventa, comenzaron las investigaciones de las causas de corrupción contra Carlos Menem. Allí se activó una reforma para diluir el poder de estos jueces.

Menem duplicó la cantidad de juzgados de 6 a 12, nombró nuevos jueces y fiscales, elegidos por su cercanía y confianza, y ascendió a los viejos jueces a camaristas, para que sean menos molestos.

Así surgieron los 12 juzgados federales de Comodoro Py y los jueces se convirtieron en poderosos magistrados que decidían sobre la libertad y la hacienda de los funcionarios, siempre con aceitados vínculos con el poder político y económico.

Se perpetuaron como los “jueces de la servilleta”, llamados así porque supuestamente el exministro menemista Carlos Corach decidió sus nombres anotándolos en una servilleta en un bar, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

La mayoría de los jueces 4 X 4 de los noventa, conocidos así por su camionetas estacionadas en el playón de Comodoro Py, ya fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Sobrevivieron Claudio Bonadio -fallecido en 2020 ocupando su cargo- y María Servini.

En los 2000, los servicios de inteligencia comenzaron a tener incidencia sobre los jueces federales de primera instancia. Durante el kirchnerismo, el poder judicial de Comodoro Py circuló entre los canales que comunicaban al espionaje con los magistrados. Así fue hasta que el poderoso jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, rompió con Cristina Kirhchner.

Actualmente hay cuatro vacantes entre los juzgados federales. Permanecen en sus cargos María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.

Dejaron sus cargos en los últimos años Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, que se jubilaron; Sergio Torres, que fue designado en la Suprema Corte bonaerense, donde es presidente y Claudio Bonadio, que falleció.

A pesar de los concursos en marcha en el Consejo de la Magistratura para cubrir estas vacantes, hay ideas en el Gobierno, en el Consejo de la Magistratura y en el Congreso para dejar todo como está.

Se trataría de modificar la ley de organización de la justicia federal y cambiar la cantidad de juzgados, como se piensa que podría suceder con la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas prefieren quedarse como están, con nueve integrantes, sin cubrir las vacantes.

No todos están de acuerdo con esta solución, que sirve para concentrar poder entre los jueces que ya están y relegan a los que podrían ingresar.

La Nación