El abogado especializado en derechos del consumidor Ricardo Marimón anunció este miércoles el lanzamiento en agosto de una diplomatura en la UNCAus destinada a estudiantes y profesionales de la carrera de ópticos para abordar la problemática de la salud visual y la comercialización ilegal de anteojos pregraduados. En este sentido, remarcó la importancia de concientizar a la población sobre los riesgos de adquirir estos elementos en comercios no habilitados y sin el trabajo profesional previo que se requiere.

Más allá de este ámbito específico, Marimón manifestó su preocupación por la falta de difusión de normativas nacionales recientes que buscan amparar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El especialista alertó sobre el desconocimiento generalizado de la disposición 137 del 2024 de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, la cual vino a suplantar el régimen anterior de protección para los denominados “hipervulnerables”. Según su análisis, esta carencia informativa se profundiza de forma alarmante en las zonas rurales y localidades alejadas de los centros urbanos.


Con respecto a esta realidad territorial, el abogado hizo hincapié en que la crisis socioeconómica actual profundiza los desequilibrios y vuelve imperiosa la necesidad de descentralizar las campañas de asesoramiento. Marimón advirtió que no se puede esperar que las soluciones lleguen solas y apuntó hacia la urgencia de realizar un trabajo directo en las comunidades. Al respecto, enfatizó: “En el interior de la provincia del Chaco es necesario que se haga un trabajo de docencia sobre este tema, porque nuestros vulnerables en desventaja crecen a medida que la situación económica en el país los agobia”.

El avance de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico también formaron parte central del debate, siendo catalogados por el letrado como los principales focos de conflicto legal en el presente. Marimón señaló que las plataformas virtuales generan constantes abusos por la falta de prevención práctica, la escasez de información transparente y la dificultad de los usuarios para tramitar reclamos ante la desaparición de oficinas físicas. Asimismo, recomendó la cooperación con los cuerpos especializados de la policía provincial dedicados a combatir las estafas virtuales.

En relación con la digitalización de los canales institucionales, criticó que el Estado obligue a realizar trámites mediante herramientas virtuales o códigos QR sin evaluar previamente si toda la población cuenta con la conectividad o el nivel de alfabetización digital necesario. Sobre este eje, dejó una firme advertencia sobre la exclusión social que genera el sistema actual: “¿Cuántos de nuestros consumidores, del impenetrable chaqueño, saben manejar las redes para hacer un reclamo de manera virtual? Eso es lo primero que se tendría que estudiar antes de innovar y creer que lo último es lo mejor”.

Para finalizar, el especialista respondió consultas habituales sobre las garantías legales —precisando que corresponden seis meses para productos nuevos y tres meses para bienes usados— y los recurrentes inconvenientes que sufren los usuarios al intentar procesar la baja de servicios contratados. Frente a las maniobras de las empresas que buscan cansar al ciudadano para evitar devoluciones o cambios en compras online, el abogado instó a la población a utilizar las vías formales de defensa del consumidor y a no abandonar sus reclamos. Al cerrar el encuentro, concluyó: “Por más normas que tengamos y que sean muy buenas, si no se aplican, si no se aplica y no se educa al soberano, siempre vamos a estar en falta”.