El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó una contundente sentencia contra el denominado “clan de los Escalante”, una organización familiar dedicada al tráfico de estupefacientes que durante más de un año sembró el temor en distintos barrios de la capital chaqueña. El fallo, firmado este miércoles 10 de junio por el juez Enrique Bosch, condenó a 14 integrantes de la banda con penas que van desde los 3 hasta los 6 años de prisión, tras un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, las defensas y los imputados.


El caso

La investigación, que se inició el 14 de junio de 2023 y se extendió hasta octubre de 2024, permitió acreditar que la organización liderada por Inocencia Alejandra Escalante y su pareja Christian Exequiel Sánchez obtenía grandes cantidades de cocaína y marihuana, las almacenaba en sus domicilios y las distribuía en varias “bocas de expendio”. Según el requerimiento fiscal, los hermanos de Inocencia —Eduardo Fabián Escalante y Micaela Ailén Escalante— cumplían roles clave en la comercialización, mientras que Lucía Belén Ayala, principal colaboradora, reemplazaba a la líder en su ausencia, controlaba las utilidades y coordinaba los turnos de venta. “Devolvé esa plata si no queré quedate en silla… en muleta… ya porque me voy y te meto un tiro”, advirtió Inocencia Escalante en una de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, donde también se la escucha ordenar cerrar el puesto ante la presencia policial: “… apagale toda la luz como cosa que no hay nadie”.

El operativo de allanamiento realizado el 2 de octubre de 2024 fue demoledor para la organización. Las fuerzas de seguridad secuestraron 4271 dosis de cocaína con un peso total de 3414 gramos y 895 dosis de marihuana con un peso total de 2352 gramos, además de cuatro pistolas, municiones, dinero en efectivo en pesos y dólares, balanzas de precisión, tijeras, recortes de bolsas de nylon, equipos de informática y anotaciones contables. La sentencia destacó que “no se trató de un concierto de simples consumidores o espontáneos vendedores ambulantes, sino que se dispuso de una cierta planificación operativa”. Y agregó: “Lo que realmente transformó un delito de simple tenencia o comercio aislado en una organización criminal fue el material complementario secuestrado”.

El tribunal aplicó las agravantes previstas en la Ley de Estupefacientes por el uso de violencia e intimidaciones y por la intervención de más de tres personas. Además, los condenados fueron hallados responsables del delito de tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra, en concurso real con el narcotráfico. En este punto, el juez Bosch fue enfático: “La violencia o la intimidación deben estar conectadas de manera funcional a la actividad del tráfico”. El fallo también destacó que “el secuestro de armas de fuego de puño en los domicilios allanados” y las escuchas telefónicas que hacían referencia a un arsenal —incluyendo “la del policía”— acreditaron el plus punitivo.

Las penas quedaron distribuidas de la siguiente manera: Inocencia Alejandra Escalante, Christian Exequiel Sánchez, Lucía Belén Ayala, Micaela Ailén Escalante y Eduardo Fabián Escalante fueron condenados a 6 años de prisión efectiva como coautores. Fabiana Agostina Guillén recibió 5 años por su rol como partícipe secundaria y autora de hechos de comercialización ocurridos en enero y febrero de 2025. Eduardo Escalante (“Zurdo”), Silvia Alejandra Galbastro y María Karen Anriquez fueron sentenciados a 4 años como partícipes secundarios. Por su parte, Laura Celestina Ayala, María De Lurdes Gómez y Alejandro Emanuel Moreyra obtuvieron 3 años de prisión en suspenso con reglas de conducta, mientras que Ricardo Javier Cortez fue condenado a 3 años de ejecución condicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con la obligación de retomar y finalizar sus estudios secundarios. En el caso de Aníbal Florencio Núñez, el tribunal unificó una condena anterior del fuero provincial con la presente y lo sentenció a 3 años de prisión efectiva.

La sentencia también ordenó el decomiso de varios vehículos secuestrados —una camioneta Volkswagen Amarok, una Honda Wave, un Gol Trend, un Chevrolet Onix y un Ford Focus— así como de los teléfonos celulares y el dinero incautado. El juez Bosch, al fundamentar la decisión, recordó que la prevención especial y la gravedad de los hechos justificaban las penas acordadas: “Las pautas compromisorias resultan adecuadas desde un punto de vista de prevención especial, y aptas para el propósito: evitar la incursión en nuevas conductas delictivas”. El fallo quedó firme este 10 de junio de 2026 y las causas de ejecución pasarán ahora al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente.