El próximo 1 de septiembre comenzará el juicio oral y público contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña por una causa federal que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y manejo irregular de fondos públicos recibidos a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña.

El proceso será llevado adelante por la Justicia Federal de Resistencia y es independiente de la condena a prisión perpetua que ambos recibieron por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.La investigación por lavado fue iniciada por el fiscal federal, Patricio Nicolás Sabadini, en 2023, luego del crimen de Cecilia y del allanamiento realizado el 9 de junio de ese año en la vivienda de Sena y Acuña. En el procedimiento se encontraron seis millones de pesos en efectivo.

Fondos públicos bajo investigación

La causa se concentra en las operaciones de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, organización que tenía entre sus actividades la prestación de servicios al Estado provincial.

Según la acusación del fiscal Sabadini, durante 2022 la fundación facturó más de 50 millones de pesos al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

En 2023, en tanto, habría recibido más de 186 millones de pesos del IAFEP. La investigación busca determinar el destino de esos fondos y si fueron utilizados para operaciones ajenas a los fines para los que habían sido otorgados.

La Fiscalía sostiene que una parte importante del dinero era retirada en efectivo, lo que habría dificultado establecer su trazabilidad. Según la acusación, Emerenciano Sena retiró personalmente más de 140 millones de pesos durante el primer semestre de 2023.

Las viviendas sociales y el presunto desvío de fondos

Otro de los puntos incluidos en la investigación está relacionado con la construcción de 40 viviendas sociales que, según la acusación, no llegaron a ejecutarse pese a que se habían destinado fondos para ese objetivo.

El faltante estimado supera los 62 millones de pesos. Además, los peritos detectaron presuntos incrementos injustificados de hasta un 454% en determinados costos de mano de obra y materiales, sin documentación que respaldara esas diferencias.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que parte de los recursos obtenidos mediante la fundación habría sido destinada a la adquisición de bienes y al sostenimiento de un nivel de gastos que no se correspondía con los ingresos declarados.

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