Raúl Sánchez y Manuel Barrientos, secretario general y gremial, respectivamente, de SiEmpRe, cursaron una misiva a los legisladores para que este miércoles la Cámara de Diputados no preste el acuerdo parlamentario establecido en el Art. 6º de la Ley 5304 al contador Ricardo Ramón Pereyra que fue ratificado al frente de la Administración Tributaria Provincial (ATP) por Decreto Nº 63/11 del Poder Ejecutivo Provincial,

“Formalmente en el día de fecha solicitamos a los referentes de los distintos Bloques de Diputados provinciales Ricardo Sánchez, Carim Peche, Raúl Acosta, Carlos Martinez, Luis Varisco, Fabricio Bolatti y Egidio García y a la Vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados Lidia Cáceres, que en labor parlamentaria se trate el pedido de remoción de dicho funcionario efectuado el pasado 2 de septiembre por el Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco (SiEmpRe)”, acotaron.

“Acusamos al Administrador General de la ATP de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos y propios de su cargo; de atentar contra el sistema republicano, el orden democrático y cláusula ética de orden constitucional; de negligencia e impericia en el ejercicio de sus funciones; de haber cometido o ser cómplices del delito de falsedad ideológica; de defraudar la voluntad y las esperanzas del Pueblo del Chaco”, dijeron al explicar su postura.

“Dicha situación está sobradamente comentada, fundamentada y documentada en el Expte. Nº 812/11 y otros correlativos registrados por la Cámara de Diputados y a través de sendas Notas presentadas al Gobernador de la Provincia el 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre y 01, 02 y 05 de diciembre del corriente año”, informaron.

Asimismo, Sánchez y Barrientos manifestaron que “por experiencia sabemos de la dilación y oposición de los legisladores respecto a nuestros trámites por su subordinación al Poder Ejecutivo Provincial; en caso de confirmarse la designación de Pereyra vamos a denunciar el caso por todos los medios en el orden nacional”.

Finalmente, agregaron “no toleramos la hipocresía de los políticos que desde los estrados o las veces que conversamos pregonaron conceptos tan nobles como calidad institucional; transparencia; ética; austeridad; convivencia, pacífica, democrática y civilizada; equidad social; respeto de los derechos humanos; mientras consienten los abusos de los funcionarios de la ATP”.