El juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler consideró le ordenó al Gobierno de la Ciudad que otorgue una solución en un plazo de cinco días y se le brinde a la familia “una vivienda adecuada al estado de salud del menor”, con un baño instalado, luminosidad, ventilación y todos los servicios básicos.

Uno de los fundamentos de la resolución es el informe médico que acredita que el lugar donde vivió hasta ahora la familia “no cuenta con baño privado, no siendo recomendable por la alta predisposición a enfermedades del tracto urinario, dado que (el niño) debe ser cateterizado cinco veces al día”. Por ese motivo establece el especialista que firma el documento que “la vivienda no se encuentra en condiciones de habitabilidad en relación con el estado de salud del menor”.

El amparo fue presentado por la madre del niño, con quien hace seis años llegó desde Formosa. Buscab realizarle un tratamiento en el Hospital Garrahan. Tras pasar mudar varias veces entre precarios alojamiento, hoy viven en un hotel del barrio de Constitución y corren el riesgo de ser desalojados.

El niño nació en 2000. A los tres años, los médicos del Hospital Madre del Niño, de Formosa, le detectaron una enfermedad y fue operado. Pero luego de esa intervención, el chico comenzó a sufrir incontinencia de orina y heces, por lo cual los profesionales le sugirieron continuar con el tratamiento en el Hospital Garrahan.

Ante la demanda, el juez dispuso que se le otorgue “una vivienda adecuada al estado de salud del menor”. Esto es, con “agua corriente, energía eléctrica, en lo posible gas natural, habitaciones ventiladas, sin rastros de humedad, luminosidad, baño completo instalado y una superficie que evite el hacinamiento de los integrantes del grupo familiar”. Para adoptar esta decisión, el juez tuvo en cuenta, además del derecho a una vivienda digna, el “derecho a la salud”.

Si no hay un programa habitacional acorde, la disposición establece que el Gobierno de la Ciudad deberá arbitrar los medios necesarios para que esta familia haga efectivos su derecho a la vivienda digna y a la salud. Por primera vez un juez ordena que se aseguren los derechos más allá de los programas habitacionales de la Ciudad.

Ante el incumplimiento de la resolución, ya se iniciaron acciones para que se aplique una multa diaria a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.