Hebe de Bonafini será objeto de severos cuestionamientos por su gestión al frente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el dictamen que presentará hoy el fiscal Jorge Di Lello con los pedidos de indagatoria en la causa que se le sigue a Sergio Schoklender. La dirigente no estará entre los que el fiscal solicitará indagar, pero sí habrá señalamientos respecto de la carga simbólica de su figura y su peso en el actual Gobierno, en contraste con su accionar público y al mando de la entidad.

En cambio, estará incluido entre los posibles indagados el único exfuncionario imputado en el expediente, el exministro de la Producción de la Capital Federal Enrique Rodríguez. El también expresidente de la Corporación Buenos Aires Sur deberá dar explicaciones por los vínculos que tuvo con dos empresas ligadas a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender: una constructora y una firma gastronómica.

Di Lello le entregará hoy al juez federal Norberto Oyarbide el requerimiento para la citación de una treintena de acusados, en su mayoría integrantes del entorno de los Schoklender, junto a otros exapoderados de las Madres y presuntos «perejiles», en alusión a empleados de escasos ingresos señalados por cobrar montos elevados de las cuentas de la entidad y que luego habrían sido desviados a empresas presuntamente armadas para encauzar esos fondos.

La acusación del fiscal girará en torno de los presuntos delitos de administración fraudulenta de recursos públicos, lavado de dinero y, en algunos casos, asociación ilícita. De acuerdo con los investigadores, las supuestas maniobras irregulares contemplarían desvíos de fondos por no menos de 50 millones de pesos.

En Tribunales también explicaron que los pedidos que hará hoy Di Lello no agotarían los delitos investigados ni los posibles llamados a indagatoria, que dependerán de los resultados de pericias no terminadas: la del Banco Central, la de la División Patrimoniales de la Policía Federal (que analiza los cheques emitidos y cobrados y la ruta del dinero) y una global de la Corte Suprema, que incluye especialistas de la Facultad de Ingeniería y hace foco sobre las obras construidas por la Misión Sueños Compartidos.

El señalamiento de Di Lello a Hebe de Bonafini será estrictamente político. Aludirá a la carga simbólica de su lucha por los derechos humanos, a sus declaraciones más polémicas -como reivindicaciones al atentado contra las Torres Gemelas y al accionar de los guerrilleros de las FARC- y a la responsabilidad que le cabe por haber prohijado a Sergio Schoklender sin haber acotado su margen de maniobra como apoderado de la fundación Madres.

En cuanto a los delitos sobre los que pedirá ahondar en las indagatorias, el fiscal hará centro en empresas señaladas por presunta defraudación, como Meldorek y Antártica Argentina (el núcleo de firmas de Schoklender y sus socios), y en otras sindicadas por supuesto lavado de dinero, como Trade Travel y otras financieras.

En el pelotón de solicitudes de citación estarán, además de los hermanos Schoklender, Alejandro Gotkin, Gustavo Serventich, Viviana Sala (mujer de Sergio) y Alejandra Bonafini, hija de la dirigente. También figuraría Enrique Rodríguez, pero no por sus cargos (además de funcionario de la Ciudad fue ministro de Trabajo en la presidencia de Carlos Menem) sino por su nexo con empresas como Construcciones Calificadas y la gastronómica Docamer.

Según los investigadores, la posible responsabilidad de Rodríguez al frente de la Corporación Sur debería ser analizada en la causa paralela que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.


Fuente: Ambito.com