Según pudieron constatar los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), el taller donde se encontraban los trabajadores tenía una única puerta de ingreso, que se encontraba cerrada desde el exterior con pasadores y candados que impedían el acceso y la salida de sus empleados. Además, no contaba con ventanas ni aberturas, de modo que se mantuviera oculto el trabajo ilegal y en las condiciones deplorables en que el mismo se realizaba en su interior.



Así todo, el personal de la AFIP ingresó al establecimiento –acompañado de la policía provincial– y pudo relevar las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los trabajadores.



El informe elaborado por los agentes de la DGRSS señala que el inmueble no contaba con las mínimas condiciones de higiene y seguridad. Las instalaciones eléctricas existentes eran precarias, el baño estaba en condiciones insalubres, y el personal no contaba con los elementos de protección necesarios para este tipo de tareas (de corte, calado, y pulido de maderas, entre otros). Además, la fábrica no tenía salida de emergencia ni teléfono para comunicarse en caso de accidente o siniestro.



Cabe señalar también que ninguno de los cuatro empleados relevados estaba declarado. El personal trabajaba de lunes a sábados y la remuneración que percibían iba desde los 300 pesos a los 350 por semana.