No obstante, fuentes judiciales anticiparon que el juez en lo contencioso administrativo y tributario, Fernando Juan Lima, recién estaría en condiciones de resolver la cuestión entre el viernes o el lunes próximos.

Es que, a pesar de la urgencia del tema y la continuidad de las medidas de protesta gremial mediante la liberación de molinetes, el juez podría pedir una opinión al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, como lo contempla la ley.

Los amparos en contra de la suba del boleto de 1,10 pesos a 2,50 suman ya cuatro, al presentarse esta mañana un nuevo pedido de medida cautelar por parte del Partido Obrero, a través de sus dirigentes Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.

El reclamo contra la suba se sumó al que, a última hora de ayer, presentó la ex legisladora porteña Vilma Ripoll y a los pedidos que ya habían presentado el viernes pasado las ONG Ciudadanos Libres y Consumidores Libres.

Esta última contó con el respaldo de los legisladores porteños Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, Maria Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo Form, así como de las entidades Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC).

La fiscal Di Iorio se pronunció a favor de habilitar la feria de verano, dado que están en juego “reclamos que afectan derechos ciudadanos, además de que el servicio de justicia no puede paralizarse por el receso de verano”.

Declaró también la competencia del fuero contencioso, administrativo y tributario para tratar los amparos, que en todos los casos reclaman la suspensión del incremento hasta que se llame a audiencia pública en que se trate y resuelva el aumento.

Pero, con este camino ya despejado para un tratamiento judicial, el juez Juan Lima analiza si le pide opinión al gobierno de la Ciudad, como establece la ley cuando se trata de reclamos sobre servicios públicos, dijeron las fuentes.

El artículo 15 de la ley de 2.145 de amparo de la ciudad establece que “cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad pública demandada para que se expida dentro de un plazo máximo de dos (2) días sobre la inconveniencia de adoptar dicha medida”.

Los voceros agregaron que, de cumplir esos pasos procesales, el magistrado recién estaría en condiciones de resolver el viernes o el lunes si frena o avala el incremento del pasaje de subterráneo.

Además de la medida cautelar, Ciudadanos Libres, que encabeza el abogado José Mangiocalda, denunció ayer penalmente a Macri por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por disponer el aumento sin llamar a una audiencia pública.