“El Estado provincial tiene la tarea de hacer cumplir los servicios que tiene a su cargo, por lo que intimamos a las empresas y si no cumplen iniciaremos los trámites de caducidad y llamaremos a una nueva licitación para las líneas del Gran Resistencia”, dijo el funcionario. Sobre los motivos del paro, explicó que la medida fue adoptada por la UTA tras no haber cobrado una cifra no remunerativa que los empresarios se habían comprometido a abonar en la negociación colectiva de trabajo que se firmó en Buenos Aires.

“El último pago, de $1100 por cada trabajador, vencía el 25 de noviembre; la UTA esperó hasta el viernes y al no recibir ese monto decretó paro”, señaló. Por tal motivo, sostuvo que “si al último día hábil de noviembre, las empresas no estuvieron en condiciones de abonar la cifra de $1100, significa que no están en condiciones económicas ni financieras para seguir prestando un servicio público”.

Por último, comentó que en la jornada de hoy y el viernes pasado, mantuvo contacto con los empresarios del sector para informar las medidas que adoptaría el Gobierno en caso de paro, resolución. “Les anticipamos que de no cumplir con el servicio se accionará con todo el rigor de la ley”, aseguró.