La Fiscalía los consideró co-autores del delito de retención y ocultación, en concurso real con la alteración del estado civil, uso de documentos falsos y falsificación de documentos en San Juan.

Los fiscales Dante Vega y Mateo Bermejo pidieron menos pena que la querella, al entender que se trataba de delitos no acumulables, sino que se produjeron en concurso real y por lo tanto corresponde pedir penas en función del delito que tiene previsto mayor castigo, que en este caso es el del Artículo 146 del Código Penal, que es la retención y ocultación de un menor de 10 años.

En eso difirieron de los abogados querellantes, quienes esta mañana pidieron penas mucho mas duras, al imputarles los mismos delitos, pero considerando que lo hicieron a propósito, es decir en concurso ideal.

Por eso los querellantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, pidieron 23 años para el militar y 18 para su esposa y que ambos sean detenidos en una cárcel común por entender que hay serios riesgos de que intenten fugarse para evadir a la justicia.

En sus alegatos, los fiscales sostuvieron que durante la última dictadura militar, en la Argentina actuaron una serie de asesinos y maleantes, que transformaron los lugares destinados a defender a la Nación en centros de detención y tortura, y se arrogaron la potestad de decidir sobre la vida de a quienes secuestraban y también de sus hijos.

Consideraron a este delito de la apropiación, como la acción más ruin dentro de la vileza general que caracterizó al terrorismo de Estado, que aplicó un plan sistemático de apropiación de menores.

A juicio de los fiscales, que había un plan sistematizado, lo demuestra el hecho de que ya hay 105 nietos recuperados de los mas de 500 que se calcula en la organización Abuelas de Plaza de Mayo que se produjeron.

En el caso de Jorge Martínez Aranda, el secuestro tuvo lugar de la peor forma, sustrayendo al niño de su familia y sometiendo a sus padres Luis Francisco Goya y María Lourdes Martínez, a los más tremendos designios de sus captores, indicaron.

Para Vega y Bermejo, la apropiación no sólo transformó en víctimas al menor, que no pudo estar con sus progenitores ni con sus familiares, y a sus padres a quienes se lo arrancaron y los desaparecieron, sino también a sus demás parientes a quienes privaron de gozar de su presencia durante casi 30 años.

Las audiencias se retomarán el martes que viene cuando se escuche el alegato de la defensa y el veredicto.