Desde febrero pasado, el llamado “Caso Ciccone” está substanciado en un expediente judicial bajo el número 1302/12, donde se investiga si existieron “negociaciones incompatibles con la función pública” por parte del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, durante el levantamiento de la quiebra y la posterior venta de la ex Ciccone Calcográfica, hoy Compañía de Valores Sudamericana SA (CVS). El juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo están a cargo de esta causa, gatillada tras la denuncia radial hecha por Laura Muñoz Tokatlian, ex pareja del contador Alejandro Paul Vanderbroele, con quien vive un tormentoso proceso de separación. En resumen, Muñoz había dicho que Vanderbroele era “testaferro” de Boudou.


Igual de cierto es que este caso constituye, desde su origen mismo, un nuevo capítulo en esa cruzada que lleva adelante la prensa refractaria al gobierno nacional, donde además se mezclan los intereses comerciales de los propios multimedios, a partir de la relación que Clarín y La Nación mantienen con el Grupo Boldt, también involucrado en la maniobra. De hecho, en los últimos días ambos diarios decidieron endurecer su postura y, en una estrategia editorial coordinada, dejaron de hablar del “Caso Ciccone” para rebautizarlo, lisa y llanamente, como el “Caso Boudou”, tal cual se pudo ver en sus portadas.

En este escenario complejo, separar la paja del trigo, contrastar los dichos periodísticos con las declaraciones en sede judicial, las pruebas aportadas con las versiones y trascendidos, resulta clave para al esclarecimiento de los hechos. A continuación, en blanco sobre negro, lo que se sabe de la causa.