Sociedad Polémica en México por los vínculos de una diputada con el Chapo  Lucero Guadalupe Sánchez López declaró ante la fiscalía sobre sus presuntos lazos con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, y se disparó una ola de rumores sobre los vínculos entre la política y los carteles.
Sánchez, integrante del Congreso del estado de Sinaloa, declaró durante unas 20 horas en una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), a cuyas instalaciones fue trasladada por policías.
Rubén Tamayo, abogado de Sánchez, dijo a periodistas que su clienta fue dejada en libertad tras ser informada de las investigaciones su contra y de ejercer su derecho a reservarse su declaración, y admitió que fue tratada de forma respetuosa por el Ministerio Público.
La PGR indicó que el traslado de la legisladora desde Sinaloa a la capital se realizó "en cumplimiento de una orden de localización y presentación" emitida a raíz de una investigación que se le sigue por haber presuntamente ingresado con documentación falsa a la prisión del Altiplano para visitar a Guzmán.
Si bien la PGR argumentó que la orden contra Sánchez era de "presentación" y no fue propiamente un arresto, la forma en que fue ejecutada generó reacciones adversas en círculos políticos.
Guadalupe Carrizoza Cháidez, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso de Sinaloa, denunció que agentes federales interceptaron el miércoles a Sánchez al salir de su domicilio en Culiacán, la capital estatal, de una forma "arbitraria y violatoria al fuero".
De acuerdo con Carrizoza, la diputada iba con sus dos hijos, uno de ellos de brazos, situación que no impidió que los agentes la llevaran por la fuerza al aeropuerto. "Le dijeron que era una orden de localización y de presentación. Ella les dijo que con mucho gusto los acompañaba, pero que primero necesitaba ver el escrito, y un agente le contestó de manera grosera diciéndole que tenían órdenes de llevarla", apuntó.
Francisco Solano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, y Jesús Enrique Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, exigieron en nombre de la legislatura que sean respetados los derechos humanos y el fuero de la diputada.
"No pretendemos bloquear el cumplimiento de la ley ni la labor de los funcionarios encargados de procurar justicia en el país y en el estado", señaló a la prensa Solano, del Partido Acción Nacional (PAN).
Por su parte Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refirió que el Congreso no ha recibido notificación alguna para llevar a cabo un juicio de procedencia (desafuero) contra Sánchez y aclaró que para que la legislatura inicie dicho trámite debe existir un requerimiento de la PGR "por tratarse de la posible comisión de delitos federales".
Consultado sobre la legalidad de la orden ejecutada contra la diputada, el abogado Gerardo Navarro declaró que "el concepto que puede manejar la PGR es que está presentada para declarar, que es diferente a estar retenido, que tiene una connotación de imputación más directa". "Si la autoridad encuentra elementos para proceder en contra de una diputada, lo puede hacer, pero primero tiene que proceder al desafuero", abundó.
La revista Proceso reveló el año pasado que Sánchez fue a visitar al capo con otro nombre al penal de del Altiplano, donde fue detenido en febrero de 2014 y al que volvió el 8 de enero tras ser recapturado seis meses después de que se fugó de ese centro en julio pasado. Afirmó también que como fruto de una relación sentimental con Sánchez, el líder del cártel de Sinaloa tuvo dos hijos, Rubén y Anuel.
Sánchez, quien tiene fuero parlamentario, anunció el miércoles su separación del PAN, y acusó al gobierno de montar un "show televisivo" por ligarla con el capo.
En medio del escándalo, el PAN aseguró que Sánchez no pertenece a esa agrupación y ordenó abrir una investigación para determinar los argumentos por los que su división local respaldó la candidatura de Sánchez en las elecciones para el Congreso de Sinaloa en julio de 2013.
Fuente: InfoNews
Viernes, 22 de enero de 2016
|
