Política Crisis en Brasil: el gobierno de Temer pierde otro ministro, el tercero en un mes  Es el abogado general de la Unión, con rango ministerial. Lo despiden por haber demandado el uso de un avión militar para un tramite personal. Trascienden más delaciones de empresarios y apuntan a Rousseff.
Un tercer ministro del gobierno provisorio de Michel Temer, el abogado general de la Unión Fabio Osorio, debe dejar su puesto este lunes. Según la prensa brasileña, el jefe de Estado interino decidió alejarlo del cargo –equivalente al de la secretaría legal y técnica de Argentina—por "conducta indebida” ante militares de la base aérea de Curitiba, la capital del estado provincial de Paraná.
El nuevo episodio que afecta el gabinete nacional está vinculado con la práctica del "chapeo”, muy difundida en antiguos sectores oligárquicos que subsisten aún en las regiones profundas de Brasil. Según el columnista del diario O Globo, Jorge Bastos Moreno, todo empezó cuando el ministro Osorio intentó usar un avión de la Fuerza Aérea por una gestión personal. El funcionario "tuvo su pedido rechazado. Frente a la negativa de los oficiales aeronáuticos, subrayó ante ellos que su estatus es el de ministro de Estado”.
Las quejas de los brigadieres por el abuso llegó a oídos del gobernante temporario, quien decidió deshacerse del incómodo colaborador. El alto funcionario es apadrinado por nada menos que el ministro coordinador Eliseu Padilha.
Por causas mucho más pesadas, ya tuvieron que abandonar sus puestos el ex ministro de Planificación Romerio Jucá (quien retornó al Senado, de dónde había salido) y el ex ministro de Transparencia Fabiano Silveira, quien dio consejos a políticos sobre cómo eludir la justicia en el caso de las coimas de Petrobras.
Ayer, los diarios brasileños publicaron el "dinero-ducto” que funcionaba entre Transpetro, una subsidiaria de esa petrolera pública, y la cúpula del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que se encaramó en el poder ejecutivo hace 24 días cuando el Senado decidió iniciar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, alejada por 180 días de su función.
En su "delación premiada”, el ex titular de Transpetro Sergio Machado admitió que su misión al frente de esa empresa estatal consistía, entre otras cosas, en proveer fondos al PMDB, la agrupación que lo colocó en ese cargo. Desde 2003 en adelante, el hombre distribuyó unos 30 millones de dólares en coimas, que giraba a cuentas en el exterior de las cabezas principales del partido: Romero Jucá, el ex presidente José Sarney y el actual titular del Senado, Renán Calheiros.
No deja de ser curioso, en ese contexto, la declaración del nuevo ministro de Transparencia, Torquato Jardim, para quien "los partidos políticos hoy son una central de negocios. Todos tienen el mismo programa y el mismo propósito”. No obstante, consideró que la operación Lava Jato, que comanda el juez Sergio Moro y que versa sobre las coimas en la petrolera estatal, no servirá para provocar un cambio de cultura y la reducción de los instintos corruptos que mueven sectores políticos y parlamentarios.
Para el flamante funcionario en el Congreso se formó una gran expresión centrista, a la que bautizó de "centrón”, cuya única finalidad es "hacer presión sobre el gobierno para conseguir más cargos”; y obviamente más recursos por vías ilegales.
A pesar de estas aseveraciones, nada dijo de por qué decidió asumir el puesto en una administración temporaria, donde varios de sus colegas están acusados de asociación ilegal, evasión fiscal, desvío de fondos y lavado de dinero.
Por otra parte, algunos semanarios brasileños revelaron donde están puestas las esperanzas de continuidad de quienes hoy ocupan el Palacio del Planalto. Miran hacia Marcelo Odebrecht, el ceo de la constructora homónima, la mayor de Brasil, y preso desde mediados del año pasado en una cárcel de Paraná por su participación en el esquema de corrupción que devastó a la petrolera verde-amarilla.
La revista Veja, por ejemplo, apunta que la víctima principal de la delación premiada a la que se comprometió el influyente empresario, sería Rousseff. En la misma bolada caerían, también, 13 gobernadores (de todos los partidos) y 36 senadores. Todos ellos, afirma Veja, habrían sido receptores de cerca de 50 millones de dólares, distribuidos entre 2010 y 2014 para financiar campañas electorales en forma ilegal.
Es lo que en Brasil se conoce como "caja 2”; o sea, la caja receptora de recursos que no fueron declarados ante la justicia electoral. Ya la revista "Isto é” trae un supuesto diálogo entre Odebrecht y Dilma Rousseff que, según afirma, habría ocurrido en el Planalto, y en el cuál Rousseff le habría confirmado que pretendía un aporte por entonces de 5 millones de dólares para su campaña. Hay un proceso en la justicia electoral que suma cuatro causas por el supuesto financiamiento ilegal de la campaña y que involucra no solo a Rousseff sino al propio Temer, que integró la fórmula en ese comicio.
Fuente: Diario Primera Línea.
Domingo, 5 de junio de 2016
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