La medida, dispuesta a través del decreto Nº 758 del 20 de abril, se extenderá por el plazo de 180 días, hasta normalizar el funcionamiento del organismo. La misma se justifica en la intensificación de una serie de inconvenientes internos que afectaron el normal desenvolvimiento de la actividad administrativa y técnica del organismo.

“Ello provocó un retraso en la tramitación de los expedientes de mensura, tanto públicos como privados que en dicha área se gestionan, con los consiguientes perjuicios que ello acarrea para la actividad catastral provincial y a la comunidad en general”, dice el reporte gubernamental que da cuenta de la intervención.





Fuente: Diario Norte