“Propuse que todas las partes nos constituyamos en cada uno de los puntos georreferenciados para ver si las fotos (presentadas por Greenpeace) se corresponden con el terreno y, en ese caso, si las explotaciones están hechas conformes a la ley, de forma de ponerle un punto final a esa parte de las denuncias”, explicó el funcionario en declaraciones a Radio Universidad.

La audiencia convocada por la jueza Isabel Grillo reunió a organizaciones ecologistas, las comunidades indígenas denunciantes y funcionarios de áreas específicas de aplicación y control de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La iniciativa tuvo como motivo excluyente el análisis de la situación de los nuevos desmontes en “zonas con restricciones”. Ante la ausencia de funcionarios “de peso” del gobierno provincial, la magistrada resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 21 de junio.

“Fue una audiencia provechosa porque el director de Bosques (Miguel Ángel López) presentará documentación relativa a los permisos de explotación forestal, las multas realizadas y las denuncias policiales”, destacó Corregido.
Precisamente sobre las denuncias policiales, el defensor del Pueblo hizo un pedido especial para determinar el grado de compromiso que tiene la justicia con el esclarecimiento de hechos delictivos relativos al robo de madera.

Puntualmente a Corregido le interesa avanzar en el esclarecimiento de casos de extracción ilegal de madera del monte chaqueño. En ese orden, resaltó que el objetivo es “proteger los recursos naturales para las generaciones futuras y que los pequeños productores sean también protegidos”.

Toda la provincia

Corregido recordó que el amparo sobre el cual la jueza Grillo realiza el monitoreo para certificar su cumplimiento tiene su origen en una presentación realizada por tres comunidades aborígenes del Impenetrable. Se trata de las asociaciones comunitarias de Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población, que accionaron contra el Estado provincial (expediente 1754/04).

“La medida cautelar dictada por la doctora Grillo excede el marco de la propiedad comunitaria indígena y abarca toda la provincia. Por eso estuvieron presentes organizaciones que hacen denuncias sobre excesos en los permisos otorgados o explotaciones ilegales”, señaló el defensor del Pueblo.

La magistrada, quien monitorea de oficio el amparo, resolvió la convocatoria a las partes tras las denuncias de Greenpeace por desmontes ilegales y el posterior encuentro de representantes de la organización ecologista con el gobernador Jorge Capitanich.






Fuente: Diario Norte