Pablo César Casco, uno de los oficiales a cargo de la conocida “guardia dura” en la Unidad Penitenciaria Nº7 durante la última dictadura, fue arrestado este jueves por orden del juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Está acusado de cometer torturas y de formar parte de una asociación ilícita, al amparo del Estado.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, Casco está detenido desde este jueves en dependencias de la Policía Federal, en Resistencia, en el marco de la causa Caballero Residual, donde se investigan torturas, secuestros y desapariciones forzadas de personas, durante los años de plomo. Recién el lunes será indagado por el Juez Skidelsky.

La detención de Casco se logró tras un requerimiento emitido por los fiscales, Patricio Sabadini y su par ad hoc en Derechos Humanos, Diego Vigay, en donde solicitaron a Skidelsky la ampliación de una medida similar realizada en 2008 por el exfiscal ad hoc, Roberto Mena.

La solicitud fue presentada el 28 de mayo pasado. La misma estaba dirigida contra Casco y una persona de apellido Brocas, ambos oficiales a cargo de la Guardia del Servicio Penitenciario Federal que tenían a su cargo a detenidos por razones políticas entre los años 1975 y 1980. El requerimiento también abarca toda persona que haya actuado como co-autor, cómplice o encubridor en los hechos.

Modus operandi.

En la presentación se enmarcó la acusación en la forma en que la dictadura operaba en el Chaco. El mecanismo consistía en la detención de personas, por parte de personal del Ejército, de la Policía del Chaco y otras fuerzas, quienes luego eran alojadas en dependencias policiales como la Brigada de Investigaciones o la Alcaidía donde sufrían todo tipo de tormentos, para ser luego trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº7 de Resistencia.

En la U7, señalan los fiscales, los detenidos eran recluidos en un área restringida, destinada especialmente a presos políticos a los que llamaban ‘subversivos’ o ‘detenidos por infracción a la ley 20.840’ (ley antisubversiva) y quienes se encontraban a disposición del Juzgado Federal y/o del Área 233, que era la denominación del ámbito geográfico que comprendía a la Provincia del Chaco.

En Pabellones acondicionados específicamente para detenidos por razones políticas, separados del resto de los detenidos denominados “comunes”, donde estos padecían todo tipo de vejámenes y severidades por parte del Personal Penitenciario, en especial la denominada “Guardia dura o la Guardia de Casco”, la que se movía bajo las órdenes del Oficial Pablo César Casco, acusó la fiscalía.

Presos políticos.

Los detenidos en la unidad carcelaria sufrieron así golpizas tanto a su ingreso como así también durante su alojamiento. Castigos de manera sistemática y sin motivos, racionamiento de la comida, falta de ropa y abrigo, quita y prohibición de ingreso de cuestiones elementales como libros, radio y diarios para provocar aislamiento. También sufrieron restricciones extremas al régimen de visitas de familiares, en determinados casos fue éste el lugar donde detenidos políticos fueron vistos por última vez, para luego “desaparecer”.

Distintas víctimas que testimoniaron, tanto en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados de la provincia, entre 1983 y 1985, como en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia en los juicios por la Causa Caballero 1 y la Masacre de Margarita Belén, ubicaron a Casco en la U7, como el promotor de los castigos, vejámenes, severidades que de manera exclusiva se impusieran como regla a todos los detenidos por razones políticas que pasaron por ese centro de detención.

“Entendemos que la asociación ilícita (incluye a) personal policial, médico policial, militares, funcionarios judiciales y también personal del Servicio Penitenciario Nacional”, señaló el Ministerio Público. “Principalmente el oficial Casco y también en alguna medida el denominado ‘Brocas’ se hallan claramente implicados en cuanto a su participación en la actuación sistemática del terrorismo de Estado”, señalaron los fiscales.

El caso Casco.

Cabe recordar que en diciembre 2011, el propio fiscal Sabadini pidió que el por ese entonces conjuez federal, Juan Piñero sea apartado de la Causa Caballero Residual, acusándolo de parcialidad manifiesta en el caso del oficial Casco. Es que a principios de los noventa Piñero fue asesor legal del imputado en un juicio de divorcio.

En su presentación, Sabadini argumentó que el exconjuez tenía cajoneado un requerimiento contra el exoficial Casco. Piñero, por su parte, dijo que el requerimiento nunca había pasado por sus manos. Tras una serie de acusaciones mediáticas cruzadas, finalmente Piñero decidió apartarse voluntariamente de la causa el 12 de enero último. Las actuaciones quedaron a cargo del juez Skidelsky.






Fuente: Chaco día por día.