El Consejo de la Magistratura resuelve vacantes en varios tribunales
En su última reunión el Consejo de la Magistratura abordó las vacancias existentes en varios tribunales. Se propuso como postulantes para el cargo de juez provisorio para la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Resistencia por mandato del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia a los abogados Zulema M. del H. Quiroga de Martínez, a la jueza correccional Gloria Beatriz Zalazar y a la doctora Luisa Martínez Casas de Sanchís.
Domingo, 17 de junio de 2012
La jueza Zalazar recibió el voto unánime de los consejeros También se realizaron entrevistas para el cargo de juez suplente de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Resistencia a los siguientes postulantes: Jorge Mladen Sinkovich, María Cristina Ramírez, Diego Gabriel Derewicki, Ana Patricia Latorre, Wilma Sara Martínez, Jorge Gustavo Dahlgren, Beatriz Cáceres y Stella Maris Cuestas. El lunes se realizará la primera ronda de propuestas para este cargo. Se propuso como jueza de Paz del juzgado de Paz de la Isla del Cerrito a la doctora Mirtha Bejarano, que obtuvo el consenso de todos los consejeros y fue votada para el cargo. Para el cargo de juez de garantías Nº 3 de Resistencia -suplente- se nominó al doctor Armando Ismael Zacarías, a la doctora Rosalía Zozzoli y al doctor Héctor Horacio Sandoval, en primera ronda. Para el Juzgado de Faltas de la ciudad de Resistencia -en segunda ronda- obtuvo unanimidad la doctora Marcela Alejandra Cortés. Además se solicitó el tratamiento preferencial de dos proyectos presentados hace dos años por el exconsejero Miguel Moreschi que propuso la exclusión de los miembros que componen el consejo de la Magistratura respecto de posibles postulaciones a concursos que se encuentren en trámite durante la vigencia de su mandato, manteniéndose esta prohibición por el plazo de 1(un ) año computado desde el cese de su función como Consejeros; y la modificación del articulo 5° del Reglamento de Concursos vigente con especial atención puesta en la valoración de la capacidad de análisis y resolución de casos prácticos que deberían acreditar los postulantes a la Magistratura mediante los exámenes respectivos.