Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales, y hombre clave en la estructura de Alberto Abad en la AFIP, admitió que el único caso en el que se revisaron los planes de pagos otorgados fue el de la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En su testimonial dijo no recordar casi nada del desarrollo de las actuaciones dentro del organismo recaudador, pese a que fue uno de los protagonistas de su impulso. Descargó casi toda la responsabilidad en su superior, el ex N°2 de la AFIP, Carlos Castagnola, a quien señaló como quien ordenó incluir específicamente a Oil en el padrón de Grandes Nacionales pese a que no existía una normativa que lo avalara en aquel momento, lo que, cronológicamente, fue el hecho que desencadenó las denuncias penales y dejó entrever que, más allá de que pudiera corresponderle por “parámetros objetivos” que fueron fijados un año más tarde, se trató de una decisión política.

Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales
Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales

“Fui citado. Sabía el tema pero fui con un memo interno. No sabía a qué iba”, sostuvo en un primer momento al afirmar que no tenía idea del caso. Según informó Gabiel Morini, de Ámbito Financiero, fue en esa declaración donde sostuvo que el trámite de los planes había sido en 48 horas, ante la justicia. Ayer lo reiteró pero omitió que ese lapso fue solo para la elevación final de su aprobación, en un proceso que duró tres meses.

Luego admitiría que hace tiempo existía un expediente abierto para sumar a Oil a Grandes Contribuyentes pero que “no había nada que fijara ningún criterio” del tipo normativo para hacerlo. El hecho de que la petrolera estuviera empadronada en una agencia metropolitana ha sido uno de los ejes de la acusación en lo que se mencionaba como parte de una maniobra para evadir controles más estrictos. Santos desmintió ese punto; equiparó metodologías y solo agregó que el trato era más personalizado.

Pero de forma inesperada, también indicó que las grandes empresas que estaban en su sector son las que más quejas administrativas y judiciales ejercen para evitar pagar tributos que les reclama la AFIP, en procesos que pueden hasta durar una década en apelaciones. “Es así”, se lamentó. Del mismo modo, ratificó que empresas de ese porte siempre estaban en una categoría definida como “1.1”, lo que era “prioritario” tanto en Grandes -donde tenían todas esa categoría- como en las Regiones, donde estaba Oil.

Santos ingresó en plena contradicción con el testigo anterior, el abogado Emilio Candina que había declarado que fue él quien le sugirió términos para anexar a la denuncia, lo mismo que Oscar Ramos Rivera. Lo negó y sostuvo, con insistencia, que su papel había sido secundario, que no tenía ningún interés en el tema de los planes y que no sabía por qué el fisco había contratado abogados privados para llevar la querella del estudio de Ricardo Gil Lavedra: “desconozco las razones técnicas, políticas o económicas para contratar un servicio externo”.

“Nunca se había hecho”, indicó sobre el re empadronamiento de varias empresas para que pasen a Grandes Nacionales. Pero a la vez negó un supuesto ocultamiento de la petrolera en una Agencia. Destacó que no había ningún parámetro objetivo para confeccionar el padrón de grandes empresas al momento en que se tomó la decisión. Y que eso recién se terminó en 2017, cuando se establecieron parámetros en los que la petrolera sí hubiese tenido que mudarse junto a otro grupo de empresas. Lo de Oil ocurrió en marzo 2016. “El director general (por Castagnola) hizo un análisis de acuerdo a cierta información que tenía. Desconozco. Lo dispuso y bueno. Era muy fácil analizar su incorporación”, afirmó para la orden que se efectivizó el 3 de marzo de 2016.

En otra contradicción ingresó cuando habló de la supuesta escisión del Grupo Indalo publicada un viernes por el diario La Nación. Afirmó que la noticia no los sorprendió porque “venían trabajando en eso”, a pesar de que nunca existió ningún paso formal de los contemplados en la ley para extender la intención de dividir el Grupo, algo que tenía a la propia AFIP con poder de veto según el procedimiento legal. Primero negó contactos pero cuando le volvieron a preguntas admitió que llamó a Candina un domingo para que fuese temprano ese lunes para una reunión especial de la que él se fue temprano porque el tema no le competía. “Querían a alguien que fuera a hablar con Pollicita. Yo fui convocado. ¿Cómo nació? desconozco. Yo a Pollicita jamás lo había visto. Yo fui con memos internos que no estaba seguro de que estuviesen terminados”, fue su respuesta.

“Para que quede claro: El área operativa no tenemos nada que ver en la parte jurídica. Corresponde al área legal y por lo tanto los motivos que llevó a hacer una cosa y otra no participamos. Yo no participe”, respondió. “¿El área tenía un departamento legal para representar al organismo en causas penales?”, le preguntaron sobre Grandes Contribuyentes. “Eso es un tema que está un poco difuso. El área para querellas es contencioso. Es habitual que Nacionales haya consensuado que la querella la lleva nacionales”, indicó pero después dijo que a “pedido”, la decisión la toma contencioso y el área jurídicos.