Mundo Madrid dobla la apuesta contra el secesionismo  La vicepresidenta del gobierno español dijo que la declaración que el Parlamento planea aprobar el lunes no producirá ningún efecto y desafió: "Pueden inventarse las cláusulas que quieran" pero no tendrán resultado.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que la declaración de independencia que el Parlamento de Cataluña aprobará este lunes no tendrá ningún efecto. Según dijo, el Ejecutivo apelará inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, con lo que automáticamente quedará suspendida hasta que la suprema corte falle al respecto, informó Tiempo Argentino.
"Se pondrá en marcha toda la maquinaria con urgencia para que (la declaración) se suspenda y sea declarada inconstitucional. La inmediatez del gobierno será absoluta. Que a nadie le quepa duda de que esa declaración no producirá ninguno de sus efectos", dijo Sáenz de Santamaría, quien agregó que los bloques independentistas "pueden inventarse las cláusulas que quieran" porque dicen que "el papel lo aguanta todo", pero "no se van a saltar la Constitución ni las leyes".
En ese sentido, señaló que una vez que el alto tribunal acepte la suspensión, ningún cargo del gobierno catalán ni del parlamento podrátomar decisiones contra ese mandato. "Esa declaración se anula y es como si no hubiese existido", insistió la "número dos" del presidente Mariano Rajoy.
La vicepresidenta señaló a la jefa del Parlamento catalán, Carme Forcadell, como la primera responsable "jurídica y política" de la "ilegalidad" que, según dijo, se producirá el lunes. Para Sáenz de Santamaría, Forcadell debe sentirse aludida "sin ningún tipo de dudas" tanto a "nivel político como jurídico ", ya que, en su condición de presidenta del parlamento catalán, "debe velar para que no se vulneren los derechos de los diputados". De ese modo, y por primera vez, la vicepresidenta apuntó directamente contra un alto cargo catalán al referirse a las consecuencias que tendrán la votación y previsible aprobación de la declaración secesionista en el Parlamento, donde los independentistas de Junts pel Sí y la CUP tienen mayoría.
En plena convulsión por el avance del proceso de secesión y ante los escándalos de corrupción que sacuden a su partido Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el presidente catalán en funciones y candidato a la reelección, Artur Mas, se mantiene en las sombras, esperando el momento para dar el siguiente paso. Mientras el Ejecutivo español lanzaba su enésimo aviso a los secesionistas catalanes, estos ampliaban su desafío añadiendo un nuevo anexo a la declaración presentada al inicio de la semana pasada, con la que pretenden dar el puntapié al proceso de ruptura con España.
Junts pel Sí y la CUP desarrollaban ayer el apartado de su acuerdo que insta al futuro Ejecutivo de transición a acatar sólo los mandatos de la cámara catalana y a desobedecer las leyes del Estado español, como la ley de seguridad ciudadana, más conocida como "Ley Mordaza"- que limita el derecho de manifestación-, o la ley de Educación y la reforma del aborto del derechista Partido Popular (PP).
Entre las medidas que pretenden "blindar derechos fundamentales" de los catalanes, abogan por garantizar el acceso a la vivienda digna, financiar un plan de choque social y la gestión de la deuda pública. Según el diputado de Junts pel Sí, Jordi Turull, se trata de demostrar "que la independencia es garantizar los derechos de las personas y que estas puedan vivir mejor".
Fuente: INFOnews
Sábado, 7 de noviembre de 2015
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