Los diputados presentaron la semana pasada la cuestión de privilegio ante los dichos que se consideran agraviantes contra el cuerpo, con el agravante de que no hubo distensión entre los bloques o legisladores.
La puja entre los legisladores y el ombudsman comenzó el año pasado, cuando sobre tablas los diputados crearon la estructura del defensor del pueblo con los nombres de quienes iban a ocupar los cargos.
El escándalo fue tal que el gobernador Jorge Capitanich definió vetar la norma para que los diputados elaboren una nueva ley, pero los proyectos que se presentaron no pudieron avanzar por falta de acuerdo.
Capitanich, para cerrar la discusión, emitió un decreto que debe ser ratificado por la Legislatura, que también tiene en cartera el veto, es decir, dos instrumentos válidamente emitidos pero que podrían colisionar.
Si bien gran parte de los diputados estaban dispuestos a suspender sus acciones la semana pasada, las declaraciones que dio Corregido durante su asunción fueron usadas para reflotar la idea de una cuestión de privilegio.

Investigación y política
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que ahora deberá investigar los dichos de Corregido, Marcelo Castelán, afirmó que entre otras cosas deberán definir si el ombudsman tenía fueros e inmunidad cuando agravió al cuerpo.
Además necesariamente deben convocarlo para que dé su descargo. El ombudsman anticipó que se presentará sin inconvenientes si es citado por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Como una cuestión de privilegio no es un juicio político, más allá de que se indagan las conductas, el trámite es más abreviado y concluye con el dictamen que podría sugerir una sanción.

Las sanciones
Las sanciones podrían ser dos: un apercibimiento o el arresto del funcionario. En ambos casos se busca corregir al funcionario cuestionado y no la destitución, pero en este caso es también una demostración de fuerzas.
Más allá de que no lograron conseguir los números necesarios, solo deben convencer a pocos pares para conseguir los dos tercios, tarea que no es imposible, más en un cuerpo colegiado politizado.
Pero como hay mucha tela por cortar, mejor dicho varios elementos que analizar, los integrantes de esta comisión tendrán varias semanas de trabajo. Además deben expedirse en un número importante de iniciativas que están en cartera.

La estructura
Al mismo tiempo Diputados trataría el miércoles varios proyectos presentados para conformar la estructura del Defensor del Pueblo y los dos decretos del gobernador: el veto a la primera ley y los cargos de la defensoría.
En la última sesión se sumó un nuevo proyecto, cuyo contenido aún debe ser analizado y está vigente el decreto para ser ratificado. El presidente del bloque peronista, Ricardo Sánchez, sostuvo que se podría por un lado aceptar el veto y por el otro acordar un proyecto único tomando en cuenta las propuestas que hay en la Legislatura.
Pero no está resuelto si los dos bloques mayoritarios ratificarán el concurso para designar a toda la estructura, incluidos los cargos de defensor y el adjunto. Una propuesta que buscó perjudicar a Corregido pero no surtió efecto.
Si los diputados avanzan con artículos de este tipo pondrían aun más trabas, por lo que corregido debería trabajar solo durante un largo tiempo o con personal temporario si es que el presupuesto se lo permite.

Otros proyectos
El tema Corregido no es el único que está en la agenda de los legisladores, que se propusieron trabajar con cuatro leyes sumamente importantes: seguridad pública, exploración petrolera, residuos urbanos y biocidas.
De estos proyectos podría avanzar la autorización para que Secheep financie unos 20 millones de pesos para explorar en busca de recursos energéticos bajo el suelo, una gran posibilidad pero aun remota.
Esta semana las comisiones avanzarían con los despachos consensuados de tal forma que cuando llegue al recinto se pueda aprobar sobre tablas; técnicamente podría ser el miércoles.
También está pendiente de tratamiento una resolución para establecer el concepto de desarraigo en los salarios de los diputados equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
A su vez, durante el viernes y sábado hubo debates sobre la ley de seguridad pública que continuarán en los próximos días. La idea es llegar a fin de mes con los despachos redactados.
El diputado de la concertación Raúl Acosta sostuvo que “el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini y Marcelo Sain, experto en la materia, explicaron los fundamentos y principios, con mucha solvencia de conocimientos en el área”.
“Celebramos saber que pertenecemos y participamos de un proyecto político en el cual se trabaja en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan diariamente a nuestra sociedad. Vamos a apoyar desde luego esta iniciativa”, agregó.
En tanto, el intendente Quitilipi Alfredo Zamora afirmó que “este proyecto pone especial énfasis en la participación ciudadana, tan importante en estos tiempos como es el tema de la seguridad. A todos nos toca lidiar en nuestras comunidades con esta cuestión”.
Por su parte, el intendente de Sáenz Peña Gerardo Cipolini aseguró que “escucharon a Pedrini exponiendo sobre el contenido de este proyecto de ley que impulsa la Cámara de Diputados, que tiene un alto desafío a la sociedad civil que es su participación en el control y desenvolvimiento de las fuerzas policiales”.
La gran apuesta es que la audiencia pública que se realizará tomando en cuenta la necesidad de recoger la opinión de los principales afectados por la falta de seguridad.
Hugo Sager, el jefe comunal de Tirol, dijo que “hay una demanda para que la inseguridad disminuya y deben estar involucrados todos los actores. Hay puntos que merecen más análisis que otros, pero no debe haber dudas de que la Policía debe fortalecerse con esta reforma”.

Fuente: Diario Norte