El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCh), Walter Bernard, aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene “voluntad política” de invertir en la recomposición salarial de los empleados del sector. Lo dijo tras el paro de total actividades que concretó el sindicato este viernes.

“Lo que se había discutido en el mes de diciembre y marzo era convocar a una mesa de política salarial para definir y darle una solución definitiva a la situación salarial del Poder Judicial de la Provincia que es reconocida públicamente que es el peor pago del país”, sostuvo Bernard en diálogo con Radio Facundo Quiroga.

“Nunca se ha convocado a discutir la política salarial pese a que nosotros venimos reclamando cotidianamente la convocatoria. Tiene que haber una voluntad política de invertir fondos necesarios para actualizar los sueldos del personal judicial. Eso no se ha realizado. Los otros gremios hablan de ser dialoguistas, pero una cosa es ser dialoguista y otra cosa es que le bajen línea desde el Superior Tribunal y que ellos actúen en consecuencia”, indicó.

Bernard recordó que en el Poder Judicial chaqueño lo sueldos son tres veces menores que los que reciben sus pares de otras provincias y de la Justicia Federal. “En la provincia no hay voluntad política para dar solución a esta situación. En marzo si bien el gobierno dice que va a dar una pauta especial para el Poder Judicial nos encontramos que la recomposición salarial fue igual para todos los sectores”, indicó.

“Hicimos un paro pese a las amenazas que están recibiendo los trabajadores en todos los juzgados”, denunció. “Vía mensajes el Superior Tribunal de Justicia les está pidiendo que no se adhieran al paro de la UTJCh. Estas son presiones directas del STJ a los trabajadores. Acá cada vez hay menos seguridad jurídica y menos garantías constitucionales. Si hoy prohíben y amenazan por una asamblea a los trabajadores con descuentos ya se están”, acusó el sindicalista.

El sindicato de Bernard reclama además la reforma a la Ley de Tasas, la bancarización de las mismas y su control con participación de los gremios, una Ley de ascensos cada dos años por capacitación permanente del trabajador con el fin de salvaguardar la carrera judicial, el ingreso de los hijos de los trabajadores en las vacantes para puestos de ordenanzas, tal como existe en otros organismos del estado, la reforma del reglamento interno del Poder Judicial, la concreción del plan de obras presupuestado mediante el desembolso de los fondos por parte del Ejecutivo y la creación de más Juzgados Laborales y de Paz, Defensorías Civiles y Fiscalías Penales.