El gobernador Jorge Capitanich promulgó este jueves la recientemente sancionada Ley Nº6976 de Sistema Provincial de Seguridad Pública. Destacó que Chaco es la primera provincia del país que promueve -con esta legislación- un cambio estructural en la materia. “La Ley contribuirá a mejorar la calidad de vida del pueblo chaqueño”, aseguró.

Capitanich, acompañado del ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; del subsecretario de Seguridad, Javier Oteo; del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Aguilar y de legisladores del bloque del Frente Chaco Merece Más, realizó la firma del Decreto que promulga la Ley –que tiene 180 artículos-. Anticipó que inmediatamente se trabajará en la reglamentación y luego se hará lo propio con la organización del sistema. Señaló que una de las claves en este proceso será la asunción del Secretario de Seguridad Pública.



AVANCE CUALITATIVO, MÁS DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

El gobernador describió a la sanción como un avance cualitativo para el país ya que es la primera provincia que promueve una transformación estructural en cuanto a legislación de seguridad pública. Agradeció a los diputados que participaron en el debate del proyecto y destacó que si bien fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, contó con el apoyo legislativo y de la ciudanía organizada a través de los foros de seguridad.

En este sentido señaló que es transcendente que los diputados de todos los bloques políticos hayan apoyado la iniciativa ya que la seguridad pública es y debe ser una política de Estado. “La Ley contribuirá a un sistema de prevención para mejorar la calidad de vida del pueblo chaqueño” dijo y estimó como necesario garantizar la transformación de ideas en acción, con aspectos de carácter operativo. “Nos encontrará trabajando a todos los poderes del Estado, a todos los actores sociales, civiles, políticos e institucionales en brindar más seguridad pública, pero en un contexto de más seguridad democrática y más control civil”, expresó.



CAMBIOS SUSTANCIALES

El gobernador detalló que con la Ley reglamenta la participación de los tres poderes del Estado en el Consejo de Seguridad Publica; la creación efectiva de una Secretaria especifica que se ocupe del cumplimiento efectivo de la legislación -desde el punto de vista de metas, objetivos, estrategia de intervención, observatorio del delito y la delincuencia en la provincia-. Además contempla el control externo del accionar de la Policía de la provincia y el Servicio Penitenciario y subrayó que se contará con un Tribunal compuesto por dos abogados civiles sin estado policial y un oficial de alto rango de la Policía. Consideró que el defensor de la Policía es una contribución muy importante porque el plexo normativito incluye estado policía y no policial. “En ese contexto un abogado no policial ejercerá el estado de control de la fuerza”, explicó.

Señaló que la organización de la fuerza de seguridad tendrá un modelo de control civil lo que –según destacó- va permitir garantizar una estrategia de intervención de acuerdo a la complejidad que la misma tiene.

También describió que la reglamentación establece los mecanismos de ascenso por concurso y la incorporación de civiles en áreas de apoyo. “Clasificamos la política de seguridad pública en un esquema tríptico: seguridad preventiva -asociado a la prevención de delitos complejos-, la seguridad vial y el sistema penitenciario provincial”, detalló.

Por otro lado remarcó la importancia de la participación de la sociedad civil en los foros de seguridad -algunos organizados, otros que necesitan mejorar su organización– y la regulación de las agencias de seguridad privada. “Tenemos que tener un marco regulatorio para verificar su funcionamiento”, señaló y aseguró que todo esto debe estar acompañado por reformas del punto de vista de métodos y procedimientos.

Anticipó que una vez reglamentada la legislación se propiciará rápidamente a la convocatoria al Consejo de Seguridad Pública –en un plazo no mayor a 15 días- que se establecerá conforme a objetivos y metas, y naturalmente a tareas muy específicas para esta materia que van desde el análisis de las necesidades de la reforma edilicia hasta uniformes, provisión de equipamiento y el funcionamiento adecuado al 911.



DOS FLAGELOS

Capitanich explicó que se busca, principalmente, atacar los dos flagelos que agobian a la seguridad chaqueña que son la seguridad vial y el tráfico de estupefacientes. En este sentido remarcó que se pide a la Legislatura la adhesión de la provincia a la Ley 2647 vinculada a la tipificación de delitos de menor cuantía en el ámbito de la provincia, inclusive con la creación de un foro especifico.

“Son cuestiones importantes que brindarán herramientas adecuadas para atacar en las redes de distribución, trabajar con la justicia federal y las autoridades de la fuerzas de seguridad nacional con el narcotráfico a mayor escala”, explicó. Además se buscará atacar –según remarcó el gobernador- el robo a mano armada que es un delito que tiene impacto en los indicadores de seguridad y violencia.



INVERSIÓN Y CAMBIO DE CULTURA

El gobernador adelantó que la legislación promulgada implicará un monto total de inversión programada de 19 millones de pesos que involucra la adquisición de patrulleros, infraestructura edilicia, equipamiento de todo tipo. “Será un programa de inversión con cronograma de tiempo”, afirmó.

Señaló como aspecto trascedente la incorporación de agentes y oficiales. “Tenemos que hacer un gran esfuerzo en la capacitación adecuada”, aseguró y remarcó que el objetivo es establecer parámetros de seguridad pública, con una concepción filosófica diferente desde el punto de vista cualitativo. Además consideró necesario contar con una estrategia de intervención que permita admitir que la seguridad es un servicio público. “Por eso vamos a reformar la organización del sistema”, anticipó.

Detalló que la recepción de denuncia tendrá otra percepción: un sistema de vinculación con el mecanismos móvil del 911 y seguimiento de tiempo real del mapa de delito. “Todo implican un cambio en la cultura organizacional en la fuerzas de seguridad y un nuevo modelo de participación ciudadana”, remarcó y destacó, para finalizar, que el Consejo de Seguridad Pública contará con la participación de los tres poderes del estado, seis intendentes -de cada una de las categorías- y de los foros de seguridad -que tienen que tener sistema de organización y elección con el objeto de tener un plan de acción-.



LA LEY MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

“Será la Ley más importante de este año”, destacó el titular del bloque justicialista de la Legislatura, Ricardo Sánchez. El diputado señaló que la norma plantea un nuevo concepto de seguridad, con gran participación civil y para ello prevé cambios estructurales a corto y largo plazo. “Entre otras cosas, tendremos más policía en las calles para garantizar prevención, reorganizaremos las comisarías para optimizar su funcionamiento y fortaleceremos los foros de seguridad”, subrayó.

Asimismo, explicó que si bien los foros ya están funcionando, no existe una jerarquización legal de los mismos, ni un involucramiento real de los intendentes en lo que refiere a un tratamiento integral del tema seguridad. “La presente norma revertirá esa situación y a la vez diferenciará las tareas dentro de la comisaría, para que el personal policial se dedique a la prevención y el personal administrativo al resto de las funciones”, graficó.

Por su parte, Raúl Acosta destacó la decisión política del gobernador para cambiar el esquema provincial de seguridad, y valoró también el acompañamiento de Pedrini y Oteo que “tomaron la posta” y llevaron adelante la propuesta. En esa línea, subrayó el rápido tratamiento legislativo y la adhesión de todos los bloques que integran la Cámara de Diputados. “Hubo un gran aporte de todos los partidos. Desde un principio desde Concertación Forja apoyamos esta iniciativa con convicción y coraje”, concluyó.

Durante la conferencia de prensa, el diputado Martín Nievas se refirió a los aspectos novedosos que incorpora la Ley, como ser; la adjudicación de fondos especiales para la Policía del Chaco y el monitoreo por parte de la Legislatura de las acciones a implementar. “Todos los integrantes de la comisión que presido, son responsables de la implementación y monitoreo de la nueva ley”, explicó. Además, Comentó que con la adjudicación de fondos especiales, la Policía podrá combatir de manera más eficaz el delito complejo (narcotráfico y trata de personas). “Vamos a crear fondos especiales para darle batalla a la delincuencia organizada”, añadió.

Por último, Daniel Trabalón del Frente Grande definió la nueva legislación como un “cambio de paradigma en la política de seguridad”. Ello implica, una participación masiva de todos los sectores involucrados en la problemática, desde la sociedad misma hasta los tres poderes del Estado. El legislador se refirió también a la profesionalización de las fuerzas policiales como uno de los aspectos más importante de la norma. “Tendremos un personal más profesionalizado, con un observatorio de seguridad que proveerá de datos y estadísticas para diseñar políticas de Estado en la materia”, resaltó.