El ministro de Ordenamiento Territorial, Gustavo Martínez, dijo ayer que el gobernador requirió avances en la ejecución de las políticas dispuestas para esa área tras la evaluación realizada en la última reunión de gabinete, en la que se planteó la necesidad de la sanción de los proyectos de leyes de Emergencia Dominial y de Registro Único del Hábitat. A la vez se trabajará en una propuesta para cancelar pagos de numerosas expropiaciones que se adeudan.

“El gobernador nos pidió que trabajemos fuertemente en lo que hace al ordenamiento territorial con todos los organismos para que se pueda ir concretando en la realidad lo que la planificación va marcando”, dijo el funcionario que coordinará las actividades y admitió que la tarea “es un gran desafío”.

En ese sentido, reconoció que “le preocupa mucho al gobierno de la provincia y fundamentalmente al gobernador”, y luego apuntó que el tema fue abordado recientemente en una reunión de gabinete para avanzar en la política de intervención en el territorio coordinadamente.

Esto implicará la articulación de tareas del Ministerio de Ordenamiento Territorial con Vialidad Provincial, Sameep, Secheep, Dirección de Energía, Administración Provincial del Agua, Instituto de Vivienda en función de las prioridades que fije Capitanich.

Monitoreo permanente

Martínez señaló que el gobernador visita en forma permanente cada uno de los barrios del área metropolitana, como lo hace en ciudades y pueblos del interior de la provincia.

“Esto hace que no se quede con lo que los funcionarios planteamos, sino que tenga una visión propia de la realidad, y le preocupan mucho algunas situaciones. Es sumamente importante lograr esta tarea de coordinación y cumplir el cambio con la intervención territorial”, destacó.

El funcionario recordó que hay un conjunto de leyes pendiente de tratamiento. Esta semana se enviará a la Legislatura el proyecto de Registro Único del Hábitat, que dijo permitirá el cruzamiento de datos entre los ocupantes de inmuebles en proceso de regularización como de tierras públicas y de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble.

“De este modo vamos a poder articular actividades con el Instituto de Vivienda, con Territorio Urbano, con la Dirección Provincial de Tierras, el Instituto de Colonización, el Registro de la Propiedad Inmueble y Catastro para tener una sola base de datos”, añadió.

A su vez se trabaja en un plan de financiamiento para sanear todas las deudas que existen respecto de leyes de expropiación y cancelarlas para que el Estado tenga definitivamente el título de propiedad y se pueda abordar rápidamente el proceso de regularización, adjudicación en venta y entrega a sus ocupantes.

A su vez esto requiere la articulación con el sector público y privado para que todos los inmuebles que tienen destino comunitario y social sean protegidos por el Estado, porque serán asignados infraestructuras sanitarias, educativas, seguridad, deportivos o de recreación.

“Hay muchas extensiones de tierra que por ahí no tienen la protección que deberían, tampoco la limpieza y el cuidado por parte de sus dueños. Por eso es necesario articular esto con el sector privado”, remarcó.





Fuente: Diario Norte